Colectivos de búsqueda de desaparecidos corren a policías de Baja California

Sábado. Tijuana.

Familiares de desaparecidos hacen el trabajo de las autoridades.
Son las víctimas indirectas quienes investigaron, recabaron pistas y descubrieron los cadáveres de sus seres queridos, ante la indolencia, la incapacidad o la corrupción de la fiscalía estatal.


Y aún así, la policía ministerial interviene vigilando y hostigando a los grupos de búsqueda que en los últimos meses han localizado más de 100 desaparecidos sin vida.

Así sucedió la mañana del sábado cuando la madre de un joven asesinado hace casi dos años entró a una casa donde le dijeron que estaba enterrado su hijo.

No llegó sola sino con integrantes de varios grupos formados de manera independiente para localizar a las víctimas de
la violencia que padece esta ciudad, este estado.

Acudieron a un domicilio de la Colonia Campos donde ya anteriormente encontraron restos humanos.

Bárbara Martinez, madre de César Ezequiel Rico de la Cerda, fue contactada por una persona que le dijo que su hijo también estaba ahí

«Mi hijo desapareció el 28 de octubre de 2018» dijo la Sra. Martínez.

Además de la ubicación le dijeron qué cosas hallarían si escarbaba.  Y algunas de esas pistas eran correctas.


Incluso este sábado, desde el interior de la finca habló  por teléfono con el hombre que le aseguró saber que ahí quedó su vástago.
Y confirmó que estaba en el lugar correcto.

«Toda la investigación la hice yo» comentó la joven madre.

Por eso los integrantes del colectivo de búsqueda de desaparecidos se molestaron cuando vieron llega a varios agentes de la fiscalía estatal.


En el lugar había un sello de que era un bien asegurado por la Fiscalía estatal, que dejaron ahí desde la vez anterior, cuando encontraron los restos del hijo de otra mujer.


«Nos dijeron que si nos metíamos iba a haber orden de aprehensión contra nosotros» comentó Barbara Marínez a la prensa.


A principios de agosto, en una reunión con el Fiscal de Baja California, Guillermo «El Titi» Ruíz ella le había puesto un ultimátum  a la dependencia.

Desde hace tiempo tenía la información de que su hijo estaba ahí enterrado pero asegura que las autoridades solo le daban largas al asunto.

Le habían prometido que harían las diligencias para poder ingresar a la propiedad que estaba bajo resguardo. Y que debían buscar la autorización del propietario para ingresar legalmente.

Pero a pesar de los reclamos y advertencias, el tiempo pasó y no vieron una respuesta concreta de la autoridad estatal.

Los ciudadanos que han hecho el trabajo de la fiscalía y logrado los impresionantes resultados entraron y empezaron la excavación para buscar al hijo de Doña Barbara.


Entonces sí llegaron los agentes estatales.

Después de tomar las placas de los vehículos de los miembros del colectivo,empezaron a fotografiarlos. Grabaron también a quienes estaban en el interior sacando la tierra.


Anotaron las características y vestimenta de ellos. Los familiares de los desaparecidos les pidieron que no entraran y hasta bloquearon con llantas uno de los accesos .


Pero lo que no hicieron los agentes antes lo hicieron ahora. Ingresaron de todos modos.

En un momento de tensión registrado por varios medios de comunicación presentes los ciudadanos organizados que buscan
a sus seres desaparecidos obligaron a los policías a salirse.

Mientras los agentes tuvieron que observar desde afuera, la gente continuó excavando.

Después de escarbar casi dos metros de profundidad, hoy no encontraron víctima alguna.

Pero no se dieron por vencidos. Los oficiales de la fiscalía se fueron y ellos seguirán buscando a sus seres queridos.


«Nosotros no estamos buscando a los maleantes, estamos buscando a nuestros familiares» dijo Fernando Ortigoza, quien se unió a «Unidos por los Desaparecidos desde que no sabe del paradero de su hijo, varios años atrás.

Claro que presentó su denuncia. Pero ha servido de poco. Él también como Barbara Martínez y muchos más, sigue buscándolo.

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