Ofensiva jurídica para que CESPT compense falta de agua

Foto: CESPT.

El Colegio de Abogados Emilio Rabasa prepara una ofensiva jurídica y una queja formal ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la falta de respuesta de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, CESPT, a la solicitud de una compensación para los usuarios afectados por la prolongada suspensión del suministro de agua ocurrida en enero pasado.

Francisco Castro Trenti, presidente del Colegio informó a Tijuanapress.com que ademas de la queja, alistan un   juicio de amparo por violación al derecho de petición y  una demanda ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

El abogado confirmó que hace un mes entregaron la solicitud de audiencia como parte de una acción colectiva que pretende que la Comisión  acredite 918 pesos en los siguientes recibos de los usuarios que quedaron sin agua durante la reparación de un tramo del acueducto. 

“Hay contadores públicos que son abogados también. Les pedimos a ellos que nos hicieran un estudio de consumo de gasto extraordinario, precisamente analizando los días, la cantidad de litros de agua que se utilizan para el consumo diario por persona, el recomendable, para las elementales actividades de higiene personal, de higiene hacia los utensilios de comida etcétera.  Se hizo un estudio muy meticuloso al respecto”, comentó Castro Trenti.

Agregó que ese estudio tomó como base el consumo diario recomendado de litros de agua por persona para actividades básicas de higiene personal y doméstica, y calculó el gasto extraordinario generado durante los días adicionales de corte estimándolo en tres días a razón de 306 pesos diarios.  

“No es una cantidad onerosa”, reconoció, “y bien debe responder la Comisión Estatal de Servicios Públicos ante esta deficiencia.”

Esta sería la primera vez que se intenta una acción legal de esta naturaleza, en una región donde los cortes en el servicio se han vuelto más frecuentes y la ciudadanía parece resignarse a tener un servicio poco confiable.

La iniciativa nació, según explicó, el presidente del Colegio de Abogados, Emilio Rabasa, de la confluencia entre un malestar ciudadano difuso y la convicción de que existían fundamentos jurídicos sólidos para actuar.

“Al ver ese clamor social y al ver esos comentarios aislados de los ciudadanos, fue que decidimos intentar esta circunstancia, porque hay que decir al gobierno que esto no se vale y que esto no se le permite y que no puede ser simplemente borrón y cuenta nueva”, agrega Castro Trenti.

El corte programado que se anunció para cuatro días duró en algunos casos  hasta 10 según las quejas de los residentes de Tijuana y Playas de Rosarito. Los afectados tuvieron que incurrir en diversos gastos para sortear la escasez e incluso algunos negocios reportaron pérdidas económicas ante la imposibilidad de seguir operando sin suministro de agua.

Al cierre de edición de esta nota no fue posible obtener la postura de la CESPT sobre este tema, pero el área de comunicación social ofreció tener una respuesta mañana viernes.