La falta de investigación
“Este es un sistema que da oportunidades”, fue lo que le dijo la jueza Lourdes Garza Chávez a Federico, el joven trabajador de una maquiladora presentado en la sala 4 del Centro de Justicia penal con los 91 envoltorios de metanfetamina.
Después de pasar por lo que se conoce como un “juicio abreviado”, que es un acuerdo entre el abogado defensor y el representante de la Fiscalía avalado por el juez, Federico se comprometió a cumplir condiciones muy simples: mantenerse en el mismo domicilio, someterse a dos exámenes antidoping en seis meses, conseguir un trabajo y presentarse ante la Unidad de vigilancia y seguimiento de beneficios penitenciarios.
Así después de una escasa o inexistente investigación, el juez acepta agilizar el proceso, otorga cuanto beneficio contempla la ley, y el negocio del narcomenudeo en la ciudad sigue su ciclo.
En varias de las sentencias a las que se tuvo acceso hay otro común denominador. Los jueces afirman explícitamente que no se puede acreditar que los detenidos poseían la droga para comercializarla, y de manera textual agregan que “ante la inexistencia de dato de prueba”, lo que queda es sentenciar por posesión simple.
No parece importar que el informe policial homologado y el examen químico confirmen que las cantidades exceden lo permitido para consumo personal.
Gracias a esto los imputados libran una pena de hasta ocho años en la cárcel por comercio de drogas, mientras que por posesión simple el castigo es de 10 meses a tres años si se llega a juicio. El procedimiento abreviado se convierte en su mejor salida.
Además, a la mayoría le cambiaron los 10 meses de prisión por beneficios (sanciones) similares a los otorgados a Federico, y multas que promediaron los cinco mil pesos o mucho menos, según consignan las sentencias revisadas para este reportaje.
La eficiencia de un sistema tan permisivo también es cuestionada por jueces e investigadores justamente porque el porcentaje de cumplimiento de los beneficios es sumamente bajo.
Pero el poco cumplimiento no es culpa del sistema sino de sus operadores, asegura Saldívar, investigador de Causa en común. “No quieren hacerse responsables de no haber implementado el sistema de manera adecuada. Y prefieren echarle la culpa a los jueces, echarle la culpa a los derechos humanos cuando no tiene nada que ver”, afirma.
Otro de los puntos débiles para operar este sistema es la falta de infraestructura. A pesar de que Tijuana es el municipio que concentra casi el 50% de la incidencia delictiva del estado, solo tiene cuatro salas para audiencias, una auxiliar donde el acceso es restringido por su tamaño, y 12 jueces para todos los delitos.
En contraste, Mexicali -la capital de la entidad- tiene 15 salas y registra menos delitos.
El sistema claramente es insostenible. La saturación de los tribunales es tanta que se programan audiencias con media hora de diferencia. “Y aun así nos ponen cuotas”, dijo uno de los jueces consultados sobre estas deficiencias.
El retraso no solamente impacta el combate al narcomenudeo, sino el de todos los delitos.
A pesar de varios intentos para hablar con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Salvador Ortiz Morales, específicamente sobre el narcomenudeo, nunca estuvo disponible.
