Nuevo gobierno, problema añejo
En noviembre de 2019 llegó a Baja California el cambio de poder. El partido Morena sustituyó al PAN en la administración del estado y entre sus principales promesas de campaña la seguridad fue prioridad.
En años pasados los panistas intentaron enfrentar el problema advirtiendo al tribunal de las detenciones previas del imputado. En varias ocasiones ponían a disposición del juez a la misma persona hasta ocho veces, afirma Jorge Álvarez. Pero los intentos para acabar con esto no fueron suficientes.
La nueva administración Morenista plantea cambios para hacerle frente a esta problemática que ha llevado al estado a tener la ciudad más violenta del país. Lo primero fue que la unidad contra el narcomenudeo se convirtió en fiscalía especializada.
En los últimos tres meses se registraron media docena de audiencias por delitos contra la salud en su modalidad de comercio, pero medir realmente si la impunidad en estos casos ha disminuido es imposible. El nuevo fiscal central, Hirám Sánchez, aseguró que acabarán con el divorcio entre la policía y el ministerio público para lograr más vinculaciones a proceso y sentencias condenatorias.
Pero este cambio para muchos llegó tarde. El 27 de diciembre de 2019, Federico tenía que presentarse a su examen antidoping. Su registro quedó vació. Lo encontraron sin vida en lo que las autoridades presumen es un “picadero”, un lugar donde los adictos se reúnen para drogarse.
El 21 de diciembre, seis días antes de su presentación, lo asesinaron a golpes en una colonia contigua a su domicilio, según el reporte de la Fiscalía. Su mamá identificó el cadáver.
Una prueba de que en Tijuana el crimen es mucho más rápido que la justicia.