El círculo mortal.
La historia de Federico se repite sistemáticamente en las salas del Poder Judicial en Baja California: presuntos narcomenudistas entran y salen sin sanciones severas por la droga que les encuentran, llevando a Tijuana a una espiral de violencia que parece no tener fin, según datos de la Fiscalía.
“Podemos decir con toda precisión que la gran mayoría de las muertes están relacionadas con el tema de narcomenudeo, y por supuesto que va de la mano el tema del homicidio con el comercio de drogas”, asegura Jorge Álvarez Mendoza, fiscal regional.
A pesar de esta relación, en la ciudad de Tijuana ningún juez concretó una sentencia por distribución de estupefacientes en los primeros tres años de operación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, de acuerdo con datos entregados vía transparencia a Tijuanapress.com. Esto ocurrió al mismo tiempo que el municipio se posicionó como el más violento del país con más de seis mil homicidios de 2016 a 2019, según las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Alfonso Durazo, secretario de seguridad y protección ciudadana del gobierno federal, confirmó este escenario justo al cierre del 2019. “De los municipios que tienen más homicidios dolosos, en cifras absolutas, Tijuana tiene el mayor número”, afirmó durante la conferencia matutina que da todos los días el presidente de México. Así, este municipio está por encima de Cd. Juárez, Chihuahua; Acapulco, Guerrero; León, Guanajuato, y Culiacán, Sinaloa.
Además, a nivel nacional Baja California fue el estado con la mayor tasa de incidencia por el delito de narcomenudeo en 2019, según el semáforo delictivo de la organización “México ¿Cómo vamos?”
Entre junio de 2016 y agosto de 2019, las diferentes corporaciones policiacas de Tijuana detuvieron mensualmente, en promedio, a 300 personas que cargaban desde marihuana hasta heroína, según las estadísticas del Poder Judicial obtenidas vía transparencia. Un total de 12 mil 308 detenidos en ese periodo. Pero solo uno de cada diez, es decir mil 254, llegaron ante un tribunal. Ahí el embudo se hace aún más delgado: únicamente 182 completaron su proceso penal. Estas cifras hacen que Tijuana esté muy cerca de ser considerada la capital del narcomenudeo.
En los juzgados no parece haber una verdadera pelea contra el comercio de drogas. Las pocas sentencias que se lograron fueron por posesión simple, la variante de este delito que tiene la pena más laxa.
En un análisis hecho a más de tres bases de datos entregadas por las autoridades, se encontró que de los más de 12 mil consignados a la Fiscalía, nueve de cada diez fueron acusados sólo de posesión de narcóticos y del resto, 35 fueron por comercio y 27 por posesión con fines de comercio.
Sumado a todo esto, el 80% de los detenidos no tenía una sentencia clara porque sus casos seguían en proceso, informó el Tribunal de Justicia de Baja California.
“El sistema está colapsado”, aseguró un juez que pidió no ser identificado y que calcula atiende hasta 12 audiencias diarias; la mayoría por narcomenudeo.
Y del total de personas llevadas ante la procuraduría (ahora fiscalía), por delitos relacionados con drogas, cuatro de cada diez, esto es, cuatro mil 565, ya habían pisado antes esas oficinas por lo menos una vez. De esta población reincidente, el 56% llevaba entre tres y trece aprehensiones en sus récords, según la misma autoridad.
Además de esto, el Tribunal de Justicia respondió que en sus primeros tres años de operación con el nuevo sistema, los jueces de control declararon ilegales 331 detenciones. Eso significa casi el doble de las sentencias logradas en el mismo lapso. Y es que para los jueces no es difícil llegar a esta conclusión después de leer las carpetas con la información policíaca.
En las más de 150 sentencias obtenidas y revisadas para este reportaje, se encontró que los agentes de la policía muchas veces usan la misma versión para más de un caso. No solo eso, en distintas carpetas se encontraron narraciones similares de cómo y por qué detuvieron a la persona.
Los señalamientos fueron recurrentes: acusados que estaban orinando en la vía pública, que alguien los denunció, o que al notar la presencia policiaca corrieron y los agentes observaron que arrojaban algo al suelo.
El análisis de todas las detenciones, sentencias y homicidios respalda las voces de jueces y abogados consultados: La cadena de impartición de justicia en Tijuana está rota.
La policía destina gran parte de sus recursos y su tiempo a detenciones cuestionables, mientras la fiscalía procesa aportando muy poca evidencia y con magros resultados.
En esta línea los tribunales sólo supervisan un trámite en el que optan por ver a los imputados más como enfermos que como delincuentes, apelando a la legislación antidrogas.