LEY DE SEGURIDAD INTERIOR DE MÉXICO CONTRARIA A DERECHOS HUMANOS

Considera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

Por Vicente Calderón.

Tijuana, martes 5 de diciembre de 2017.

 

 

El máximo organismo de derechos humanos en el hemisferio consideró que la nueva ley de seguridad interior de la República Mexicana implica el riesgo de normalizar la participación del ejército en labores policíacas.

En un comunicado emitido el lunes 4 de diciembre expresó que “Es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”.

La participación de las fuerzas armadas se incrementó en México durante el gobierno del panista Felipe Calderón como estrategia para enfrentar el creciente poder de los cárteles del narcotráfico.

En los últimos años de su mandato se registró una reducción de homicidios y otros delitos, pero las quejas de violaciones de derechos humanos se dispararon a niveles extraordinarios.

No era la primera vez que el ejército era llamado por el gobierno federal para enfrentar la inseguridad pública que representaba el empoderamiento de grupos criminales principalmente los dedicados al contrabando de drogas.

Durante la presidencia del priista Ernesto Zedillo , ante los niveles de corrupción que plagan la mayoría de las corporaciones policíacas y de impartición de justicia los soldados con licencia sustituyeron a los civiles en la Procuraduría General de la República.

Con el tiempo y la mayor intervención de los militares como “coadyuvantes” en tareas de seguridad pública era evidente la indefinición del marco legal para esa participación.

Sin embargo los intentos por establecer los lineamientos claros para la labor de los castrenses se frustraron en varias ocasiones.

En términos generales el ejército era considerado una de las instituciones más confiables por los mexicanos.

Pero las sospechas de corrupción y colusión con el crimen organizado han ido aumentando y los resultados positivos han sido limitados.

En Baja California que ha sufrido durante décadas por la presencia de poderosas organizaciones de narcotraficantes la población reconoció a los militares un rol decisivo, al lograrse la reducción de la impunidad y la violencia asociada al narcotráfico al menos durante unos años.

Pero en la entidad también subieron las arbitrariedades y violaciones de derechos humanos.

La CIDH recordó que en su informe 2015 sobre el tema pudo constatar con preocupación esos abusos en varias entidades.

“Incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad” consigna el comunicado que se reproduce a continuación y que publicó en su portal de Internet.

 

CIDH expresa preocupación por proyecto de la ley sobre seguridad interior en México

4 de diciembre de 2017

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación sobre el proyecto de ley sobre seguridad interior de México, que contiene preceptos contrarios a estándares en materia de derechos humanos. Según la información recibida, este proyecto de ley significaría la normalización, regulación y la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.

En la región, y específicamente en México, la experiencia demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interna en general viene acompañada de violencia y graves violaciones a los derechos humanos. En su visita a México en 2015, la Comisión constató con preocupación la presencia de las fuerzas armadas en actividades de seguridad ciudadana y mayores violaciones a los derechos humanos como consecuencia,  incluyendo casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, y desaparición forzada, así como mayores niveles de impunidad. La impunidad que prevalece respecto de los agentes de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de violaciones a los derechos humanos, agudiza la preocupación de la Comisión

En reiteradas ocasiones, la Comisión ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones substancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación. La distinción entre las funciones que le competen a las fuerzas armadas, limitadas a la defensa de la soberanía nacional, y las que le competen a las fuerzas policiales, como responsables exclusivas de la seguridad ciudadana, resulta un punto de partida esencial que no puede obviarse en el diseño e implementación de esa política pública

La Comisión reitera que las obligaciones asumidas por los Estados exigen políticas públicas sobre seguridad y combate al crimen que prioricen el funcionamiento de una estructura institucional eficiente. Ésta debe garantizar a la población el efectivo ejercicio de los derechos humanos relacionados con la prevención y el control de la violencia y el delito, incluido el crimen organizado. En este sentido, es imperativo que el Estado mexicano reafirme su compromiso con los derechos humanos atendiendo las recomendaciones y los llamados de las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de organismos internacionales. Por ello el Estado debe evitar la militarización de la seguridad pública, adoptar las medidas necesarias para fortalecer la policía, y garantizar un sistema de justicia autónomo e independiente.

La CIDH reitera la recomendación hecha a México en el informe sobre la situación de derechos humanos en el país de “Desarrollar un plan concreto para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública y para la recuperación de éstas por parte de las policías civiles” a la par con el fortalecimiento de la capacidades de la policía para realizar tareas de seguridad pública.

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