ALCALDE LLAMA CORRUPTA A MAGISTRADA

 

Que otorgó suspensión a favor de taxis amarillos.

 

Por Vicente Calderón.

Tijuana, domingo 23 de julio de 2017.

 

El alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro  acusó a la jueza Flor Arguilés Robert de corrupción, por otorgar una suspensión respecto a las acciones del gobierno municipal contra la operación de los taxis amarillos en las garitas de entrada a Tijuana.

“La señora está mal y es una corrupta” dijo el presidente municipal al recordarle que el presidente del tribunal,  conminó a su administración a atender la decisión de la magistrada.

 

Sin aportar pruebas el primer edil aseguró que demostrará la incorrecta actuación de la jueza y volvió a arremeter contra ella.

“La señora está mal y es una corrupta, no se vale lo que está haciendo, no es posible que esté en contra de la justicia, si bien es cierto pretende apegarse a tema de “pseudolegalidad”, también es cierto que la autoridad debe buscar la verdad e impartir justicia, la señora no lo está haciendo”,  dijo.

El gobierno de la ciudad impide desde hace varios días, la operación de los taxis amarillos en las garitas de San Ysidro y El Chaparral.

El uso de la fuerza pública ocurrió después de que se difundiera en redes sociales y luego en la prensa norteamericana y local la agresión de un grupo de choferes pertenecientes al sindicato que asegura tener la concesión de la zona limítrofe desde hace años.

 

“Nos reservaremos acciones legales a realizar, es juicio, quieren abogado aquí hay, hay pruebas, las pruebas se guardan”, respondió el alcalde ante el cuestionamiento de algunos reporteros.

Las acciones del gobierno contra los taxistas amarillos han sido bien vistas por la ciudadanía, a juzgar por los comentarios en redes sociales. No es la primera vez que los choferes agremiados en esa zona son acusados de actuar de manera gangsteril.

El líder de esos taxistas alardea de que pagan más de 100 mil pesos mensuales a la autoridad municipal por la concesión de esos sitios.

El repentino actuar del ayuntamiento ha sido cuestionado por no haber justificado legalmente su proceder contra los transportistas.

 

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