PIDE CNDH PROTEGER A MIGRANTES EN BAJA CALIFORNIA

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Mientras los atiende el gobierno norteamericano.

 

Por Vicente Calderón

Tijuana, lunes 19 de septiembre de 2016.

 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos instó a los gobiernos federal y locales para atender adecuadamente a los migrantes que se encuentran varados en Tijuana, mientras el gobierno norteamericano les permite llegar a la frontera a solicitarles asilo político.
“Ante el incremento desmesurado de solicitantes con la necesidad de permanecer en territorio mexicano en tanto se atienden sus pretensiones, se advirtió que dichas personas migrantes no cuentan con las mínimas condiciones de estancia y seguridad durante el tiempo de espera para ser entrevistados, por lo cual la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM), así como a diversas autoridades del Gobierno del Estado de Baja California y al Presidente del Municipio de Tijuana, la adopción de medidas cautelares urgentes en favor de esas personas ante el riesgo en que se encuentran por su situación de vulnerabilidad ” dice el comunicado de  fechado el 17 de septiembre.El incremento en el número de solicitantes de asilo político en Estados Unidos, empezó a recrudecerse en Tijuana a fines de mayo, según han reportado organizaciones de la sociedad civil, que son el principal respaldo de esta corriente migratoria.

En el comunicado la CNDH indica que empezó a documentar esta problemática el 17 de julio, casi un mes después de que empezara a mostrar visos de lo que grupos comunitarios han calificado como crisis humanitaria.

El 12 de septiembre próximo pasado, la oficina del Ombudsman nacional “advirtió” la presencia de unas 1,100 personas, entre ellas 300 de origen mexicano que aseguran salieron de su lugar de origen por  violencia.

La Comisión Nacional hizo peticiones específicas al alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán,  los secretarios de gobierno y desarrollo social de Baja California, Francisco Rueda y Alfonso Álvarez Juan respectivamente y al titular del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas Fosado.

Las solicitudes fueron las siguientes:

“Que se proporcione alojamiento temporal a las poblaciones extranjera y nacional que se encuentre en situación de calle,
priorizando en todo momento a las niñas, niños y adolescentes, así como mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad.
Que en los lugares de alojamiento que se acondicionen se les proporcione alimentación, espacios para aseo y atención médica-psicológica, con la finalidad que se les pueda brindar el cuidado adecuado, especialmente a los grupos vulnerables mencionados, con pleno respeto a su dignidad y derechos humanos.  Asimismo, se les requirió implementar acciones que tiendan a
otorgar la seguridad      pública necesaria, en tanto dichas personas permanezcan en la ciudad de Tijuana, en los lugares de  pernocta y durante su espera para ser atendidos por la autoridad  norteamericana.”

El organismo autónomo dio un plazo de 24 horas para que se atiendan sus planteamientos.

El Delegado en Baja California, del Instituto Nacional de Migración, Rodulfo Figueroa declaró en mayo pasado que no consideraba que la situación era una crisis y que ayudarían a las organizaciones sociales que tradicionalmente atienden a los migrantes y repatriados en caso necesario.

Las autoridades de todos los niveles estuvieron minimizando la seriedad del aumento desmesurado de solicitantes de asilo político y simplemente canalizaron al creciente número de nacionales y extranjeros a lo grupos comunitarios a los que les dieron algunas aportaciones económicas o en especie.

El apoyo ha sido insuficiente y en fechas recientes una coalición de los grupos de apoyo a migrantes pidieron al gobierno federal intervenga ante la saturación de servicios y escasez de espacios para albergar a tanta gente.

A pesar del crecimiento extraordinario de la burocracia tanto municipal como estatal que presuntamente debe apoyar a los migrantes la atención principal la sigue haciendo la población civil al auxiliar como voluntarios o con donativos a las instituciones que respaldan a los migrantes y deportados.

Un gran número de ellas pertenecen a distintos grupos de la iglesia católica. También hay organizaciones de otra denominación religiosa que con respaldo de la gente atienden a los peregrinos.

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