ASOCIACIONES CIVILES PIDEN INVESTIGACIÓN Y CASTIGO

Por supuesta corrupción en el Ayto.

Por Daniel Ángel/Leonardo Ortiz

Tijuana, martes 1 de abril 2014

Asociaciones Civiles se sumaron a la exigencia para que las autoridades aclaren los supuestos actos de corrupción en el Ayuntamiento de Tijuana denunciados públicamente por el alcalde Jorge Astiazarán.

La suma de esfuerzos la dio a conocer el presidente del Grupo 100 por Tijuana A.C., Alberto Escourido Moreno, en una conferencia de prensa en la que informó avances de la denuncia formal en la PGJE interpuesta por ellos en este caso.

Comentó que ya pasó de acta circunstanciada a averiguación previa con el número de expediente 67/14/204/AP, y es por extorsión en grado de tentativa.

“Durante los últimos 20 años, tanto los gobiernos federales, estatales y municipales, es de todos sabido que ha habido corrupción. Esa corrupción acompañada de impunidad, y de simulación”, apuntó.

Afirmó que acudieron a la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) porque la constitución establece que al conocer de un delito los ciudadanos deben denunciarlo, y consideraron que las autoridades investigadoras no trabajarían de oficio debido a la cantidad de trabajo pendiente.

 El alcalde Jorge Astiazarán denunció públicamente que en nombre del hermano del Síndico Procurador Arturo Ledesma, el entonces contralor Joel Guardado, y el ex asesor Rubén Salazar Limón, le pidieron la mitad de los presuntos ingresos ilícitos del gobierno de la ciudad.

A decir del presidente municipal, los funcionarios que dejaron sus cargos cuando se destapó este escándalo, calcularon que en el gobierno de la ciudad se producen 80 millones de dólares de manera ilegal, aunque no especificó en qué periodo de tiempo.

Los representantes de las A.C.’s sostienen que la procuraduría debe de aclarar estos señalamientos y proceder contra quien resulte responsable.

 “Está obligada a empezar a presentar pruebas”, afirmó Ricardo Ficht, vicepresidente del Grupo 100 por Tijuana.

Pero en el mismo Grupo no coinciden en si el primer edil debió o no interponer la denuncia correspondiente.

“Por supuesto”, respondió Ricardo Ficht, pero inmediatamente fue interrumpido por el presidente Alberto Escourido quien dijo: “voy a defender un poquito la postura del alcalde”.

Agregó que reconocía lo hecho por el presidente municipal, aunque después dijo que no juzgaría si lo que hizo estuvo o no bien.

“Pudo haber un error, una mal información, que como pensó que se seguía de oficio no quiso entrar en ese terreno, que ya las autoridades competentes lo investiguen. Pero desgraciadamente no estuvo bien informado”, indicó.

Según la información que dieron en la conferencia, las Asociaciones que se sumaron a la exigencia son: Unidos por Tijuana. Cien años de esfuerzo; Colegio de Profesionales y estudiosos del Derecho; Colegio de Economistas; Foro de economistas; Foro cívico tijuanense; Ciudadanos por el derecho de la ciudad; Asociación de descendientes de los defensores de la B.C. 1911; Colegio de jóvenes abogados de Tijuana; Asociación de colonos de Playas de Tijuana; de Colonos de Camino Verde, y Tijuana activa.

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