ANUNCIAN OTRA FECHA PARA DAR RESULTADOS

En comisión especial por conflicto Sindicatura-Presidencia 

Por Daniel Ángel

Tijuana, miércoles 19 de marzo 2014

La próxima semana la Comisión especial de regidores formada tras el conflicto entre la Sindicatura y la Presidencia municipal podría dar algún informe, aseguró su vocero, el edil Héctor Riveros.

Esto, aseguró, será después de la reunión que sostendrán los regidores por esos mismos días, como lo adelantó el alcalde Jorge Astiazarán Orcí, presidente de esa comisión y como tal el responsable de convocar.

Lo que no pudo precisar, es si esa nueva reunión será en privado como sucedió en la primera y única reunión que han sostenido, el lunes tres de marzo.

“No sé si va a ser comisión de trabajo propiamente o una comisión abierta para toda la sociedad”, apuntó.

La semana pasada el mismo regidor declaró que el miércoles 12 de marzo podría dar algunos avances, pero ese día parte de su personal de comunicación dijo que no tenía nada de esto programado.

“Fíjate que seguimos trabajando”, fue la respuesta del regidor sobre ese anuncio que no cumplió, argumentando que la cantidad de documentos a revisar es extensa y continúan en ello.

La comisión fue formada por los ediles para revisar en principio las suspensiones que realizó la Sindicatura contra funcionarios del Ayuntamiento por supuestas fallas en la licitación para reparar la calle segunda, y pagos irregulares a ex funcionarios en la pasada administración.

Después acordaron sumar otros dos temas: el cambio de luminarias y el convenio que firmó el ex alcalde Carlos Bustamante con el Sindicato de burócratas para dar base sindical a colaboradores de su círculo cercano.

Pero el conflicto que inició con la suspensión temporal de los trabajos en la calle segunda tenía un trasfondo que denunció públicamente el alcalde Jorge Astiazarán después: un intento de extorsión de parte de personal de Sindicatura, a nombre del hermano del Síndico Procurador Arturo Ledesma.

Astiazarán Orcí aseguró que los hoy ex funcionarios Joel Guardado y Rubén Salazar le pidieron a nombre de Miguel Ledesma la mitad de los ingresos ilícitos que generaría el Ayuntamiento, y que calcularon en 80 millones de dólares.  

 

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