TIJUANA Y ENSENADA LOS MENOS TRANSPARENTES

Asegura titular del ITAIP.

 

 

Por Eliud Ávalos Matías

Tijuana, lunes 16 de diciembre de 2013

 

 

El ayuntamiento de Tijuana y el poder legislativo de Baja California, son los que más denuncias tuvieron en el Instituto de Transparencia del Estado, según  dio a conocer el consejero presidente del organismo Enrique Gómez Llanos.

Dijo que Baja california está muy lejos de tener un nivel óptimo, aunque reconoció que pese a todo se ha avanzado mucho. Reconoció a quienes se han aplicado durante 2013 y lanzó un exhorto a quienes no lo han hecho.

“A las nuevas autoridades que se están incorporando, las tenemos que capacitar, a los responsables de las unidades de transparencia y a los servidores públicos en general de su obligación de dar la información de calidad y en tiempos óptimos”.

En cuanto a recursos de revisión, la institución que encabeza ese rubro es la Procuraduría general de Justicia del Estado (PGJE) seguida por el ayuntamiento de Tijuana.

“En nivel de cumplimiento de los portales, por información de oficio que deben tener a disposición, los que estuvieron  en niveles más bajos fueron los ayuntamientos de Ensenada y Tijuana”.

Aseguró que Baja California no necesariamente se encuentra entre los estados con menos transparencia a nivel nacional.

“Hay una encuesta que se realizó recientemente en temas de presupuestos que organiza el Instituto Mexicano de la Competitividad, sin embargo sólo se enfocó al tema de presupuestos, no en general a lo que la Ley aplica a todos los sujetos obligados en Baja California”.

Pese a esto, dijo que Baja California no se encuentra en los últimos lugares, y que el año entrante el estado va a salir bien calificado.

“No hay una calificación en este momento, pero de acuerdo con los estudios que hemos realizado, comparando a otros órganos garantes, Baja California se encuentra arriba de la media nacional”.

Sobre los cambios a Ley de transparencia señaló que el único fue en las obligaciones que el congreso tiene en cómo presentar en los portales la información.

“Se amplía la gama de información que se tiene que mostrar. Hay voluntad de lograr estándares de transparencia en el recurso que se les destina a los diputados en cuestión social. No hay una disposición expresa en que se pueda regular de parte nuestra, pero lo único que podemos hacer es garantizarle al ciudadano su derecho a la información pública”.

Apuntó que en un 98.88% se han cumplido las resoluciones que el órgano garante realizó, y recordó que hay un antecedente de que en Ensenada no se cumplió con lo que ordenó el órgano garante, motivo por el cual se inició un procedimiento que culminó con la suspensión, en dos ocasiones, del secretario general de gobierno.

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