Condicionan acceso a la prensa a que no hagan preguntas a la gobernadora

Funcionarios estadounidenses del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) invitaron a la prensa a una ceremonia en Tijuana donde anunciaron dos iniciativas de infraestructura ambiental con una inversión conjunta de más de 20 millones de dólares para atender la crisis de contaminación transfronteriza entre Tijuana y San Diego.

Los estadounidenses mostraron gran interés en promover la inversión conjunta, incluso cuando más tarde reconocieron que sus contrapartes mexicanas habían acumulado varios retrasos en la implementación de proyectos de agua anteriores. 

Hasta ofrecieron entrevistas individuales, aparentemente por la relevancia que ven tanto en la rehabilitación de una de las plantas de tratamiento más antiguas así como por el proyecto de compuertas en el Río Tijuana. Juntos  buscan aliviar el torrente de agua contaminada hacia el lado estadounidense de la frontera.

Pero cuando dos reporteros de San Diego y uno de Tijuana —el que esto escribe— se presentaron en la reunión en la planta PB1 sobre la Avenida Internacional, personal de la gobernadora les negó momentáneamente el acceso, argumentando que era un evento privado y que ellos no convocaron  a la prensa.

Los reporteros insistieron y tras esperar un rato, el equipo de la gobernadora condicionó la entrada de los periodistas a que no le formularan preguntas a la mandataria, Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Explicaron que podrían hablar con la gente del NADBank, la EPA y el Secretario del Agua de Baja California pero no con la gobernadora, porque no planeaba dar entrevistas.

Ya adentro, funcionarios de comunicación y relaciones públicas de Ávila Olmeda insistían en despejar el camino por donde pasaría la mandataria.

Tras los discursos zalameros de los funcionarios mexicanos y de posar para la foto con los extranjeros, Marina del Pilar salió muy sonriente.

El director general del NADBank, John Beckham, fue entrevistado por los tres reporteros, y Víctor Amador Barragán, titular de la SEPROA, habló con dos de ellos.

Las agencias estadounidenses actuaron con apertura pero los funcionarios de Baja California bloquearon el escrutinio de su propia gobernadora.

Ese mismo día, Ávila Olmeda tuvo al menos otra actividad en Tijuana —con la empresa de transporte DiDi y su vinculación con el sistema C5— pero aparentemente tampoco convocó a la prensa para ese anuncio.

Llama la atención la contradicción: una funcionaria que presume de transparencia se rehúsa a interactuar con la prensa local o extranjera sin condiciones previamente establecidas.

Aunque difícilmente podría decirse que es la primera vez, el contexto actual podría explicar su renuencia.

Muchos reporteros empezaron esta semana laboral con que el diario Los Angeles Times publica que el gobierno estadounidense intensificará su campaña contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado o los cárteles. La nota también revela que le retiraron la visa al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, aunque esto no ha sido confirmado por el propio mandatario.

Un tema sensible para Ávila Olmeda, a quien le retiraron la visa el año pasado, después de que se la quitaran a su entonces esposo, Carlos Torres.

Tal vez no quería que le preguntaran sobre eso.

O quizás temía que le preguntaran por la investigación de la Secretaría anticorrupción sobre el director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali por la compra de un departamento en La Jolla, California.

O sobre por qué designó a una directora en la CESPT de Tijuana que podría dejar el cargo en unos meses para contender como candidata, cuando una de las críticas más frecuentes a este importantísimo puesto es que se utiliza más con fines políticos que con criterios técnicos.

Que pena con las visitas.