Otra organización alerta sobre la nueva Ley de Extorsión y la libertad de expresión
La recién aprobada Ley General de Extorsión permite que personas que se consideren afectadas por discursos constitucionalmente protegidos puedan denunciar estos actos y obtener procesos penales a su favor, advirtió Propuesta Cívica en una carta abierta dirigida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las 32 comisiones estatales.
La organización, con más de 14 años defendiendo la libertad de expresión en México, se suma así a otras voces como Artículo 19, que previamente se manifestó sobre las implicaciones negativas que la ley podría tener para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
En su análisis de la ley publicada el 28 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación, la directora ejecutiva Sara Lidia Mendiola Landeros afirma que “la redacción actual abre la puerta para que actores políticos o particulares utilicen el aparato penal para silenciar críticas legítimas, denuncias y actos de protesta”.
La organización señala que al contemplar como conducta delictiva el obligar a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo para obtener un beneficio, “se abre la puerta para que las exigencias de justicia, liberación de personas detenidas arbitrariamente, emitir discursos realizados dentro del debate político, etc., podrían encuadrarse abusivamente en este tipo penal, sancionándose con penas privativas de libertad de 15 a 25 años”.
Propuesta Cívica presenta en su carta un ejemplo concreto: “si una persona defensora de derechos humanos es entrevistada en el marco de una protesta que está siendo televisada o transmitida en redes sociales exigiendo propuestas efectivas a candidatas y candidatos para el esclarecimiento del paradero de su familiar, la pena podría elevarse a 24 o 45 años al actualizar, al menos, dos agravantes de la Ley General”.
La organización destaca que diversas organizaciones y expertos han alertado especialmente sobre la fracción V del artículo 17, que permite aumentar la pena de 5 a 15 años por extorsiones realizadas a través de medios electrónicos, “lo cual efectivamente podría tener un efecto silenciador hacia el ejercicio de la libertad de expresión”.
Mendiola Landeros enfatiza que “la ambigüedad en la descripción del delito en sí mismo y sus agravantes constituye una afrenta directa a la libertad de expresión en su sentido más amplio, permitiendo que se inicien investigaciones penales que tendrán un efecto inhibidor para la protesta, la exigencia pública de derechos, rendición de cuentas o resolución de conflictos sociales”.
La directora de Propuesta Cívica subraya que “a nivel internacional este tipo de delitos es contrario a los compromisos adoptados por el Estado mexicano en tratados internacionales, además de contradecir la prohibición constitucional de realizar inquisición judicial de ideas”.
La organización solicita a las comisiones de derechos humanos “generar un diálogo amplio y extensivo con miras a revaluar el contenido de la Ley General de Extorsión desde la óptica de diversos actores sociales que pudieran verse afectados o criminalizados por su sola entrada en vigor”.
Si bien reconocen la necesidad de la ley y las facultades del Congreso para legislar en materia de política criminal, Propuesta Cívica hace un llamado a “garantizar que cualquier legislación penal garantice el mínimo de intervención penal que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que la redacción sea clara y acotada, para así evitar ambigüedades que puedan transgredir el ejercicio de la libertad de expresión esencial en toda democracia”.
Esta nota fue elaborada con la asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisada por el equipo humano de Tijuanapress.com