“Cuando la impunidad prevalece sobre la justicia, los delitos se multiplican”.
José Luis Pérez Canchola / Miembro de la academia Mexicana de Derechos HUmanos.
De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia, al terminar el año 2021 los gobiernos y las fiscalías estatales dejaron pendientes de cumplir más de 157 mil mandamientos judiciales relacionados con delitos del fuero común, incluyendo 7 mil órdenes de aprehensión en contra de homicidas ya juzgados y no localizados.
Baja California quedó en séptimo lugar con un rezago de 5 mil 551 órdenes judiciales sin atender (más lo que se ha acumulado en el presente año de 2022).
Los primeros tres Estados con el mayor rezago son el Estado de México, CdMx y Guerrero, que en conjunto acumularon un total de 94 mil 529 órdenes judiciales sin cumplir.
Los gobiernos y las fiscalías estatales deben de responder de esto, más cuando se sabe que en una década han recibido más de 9 mil millones de pesos por parte de la Federación como recurso del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia, sin dar los resultados esperados.
Ahora en el 2022, el Fondo Federal para la Seguridad Pública destinada a los Estados es de 7 mil 980 millones de pesos.
Los gobiernos y fiscalías locales han estado recibiendo recursos como pocas veces pero no hay resultados
La recomendación de la ONU a los países miembros es evitar en todo lo posible “la sustracción penal de los presuntos responsables de todo tipo de delitos” a fin de evitar la reincidencia criminal.
Sin embargo, resulta difícil culpar solo a policías estatales o municipales.
Las instituciones de seguridad y justicia están colapsadas. En todos lados falta personal para la prevención y la investigación de delitos y con mejores sueldos y prestaciones.
Pero igualmente sucede con una sociedad, también colapsada, que ha sobrevivido más de 3 décadas de crisis económica, corrupción y violencia.
Para cientos de miles de jóvenes y adultos, hombres y mujeres, el delito se ha convertido en su única fuente de ingresos.
Desde luego que debemos reconocer la importancia de las instituciones de seguridad, pero la verdad es que la solución final exige trabajar juntos gobierno y sociedad.
No hay de otra.