Pese a los desmentidos, Steve Fisher defiende su reportaje sobre gobernadores mexicanos investigados por E.U.
Steve Fisher, coautor del reportaje publicado por Los Angeles Times en conjunto con Puente News Collaborative que señala que autoridades estadounidenses investigan a los gobernadores de Sonora y Tamaulipas por presuntos vínculos con el crimen organizado, confirmó sus hallazgos luego de que ambos funcionarios, el gobierno federal mexicano y el sistema infodemia de radiodifusión pública negaron las acusaciones.
“Sigo firme en lo que dice mi nota”, afirmó Fisher en entrevista con Tijuanapress.com
“He reiteradamente (sic) regresado con mis fuentes antes de publicar para confirmar lo que saqué, y nadie me ha pedido una corrección.”
El reportaje, realizado también por Kate Linthicum y Cecilia Sánchez Vidal, sostiene que a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y a Américo Villarreal, de Tamaulipas —ambos aliados de la presidenta Claudia Sheinbaum y militantes de Morena— les revocaron sus visas para ingresar a Estados Unidos como parte de investigaciones penales.
En el caso de Durazo, la indagatoria apuntaria a presuntos vínculos con el crimen organizado; en el de Villarreal, a redes de huachicol ( el contrabando de combustible) que operan tanto en Tamaulipas como en territorio estadounidense.
El gobernador de Sonora fue secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cargo desde el que encabezó la estrategia nacional de seguridad del país entre 2018 y 2020.
Pese a la revocación de sus visas, el diario angelino reportó que ambos mandatarios siguen cruzando a Estados Unidos con un permiso especial, reservado generalmente para personas que cooperan con autoridades estadounidenses o deben comparecer ante un gran jurado.
Fisher fue cuidadoso al explicar el uso de este “parole” o perdón al que también se refieren como “beneficio público significativo” por su supuesta utilidad para las instituciones estadounidenses.
“No estoy diciendo que los gobernadores están cooperando. Lo que sí tengo confirmado es el tipo de permiso que les permite entrar, pero con protocolos muy específicos y restringidos” , comenta.
En el caso de Villarreal, dijo tener confirmado que al cruzar la frontera de manera constante, es escoltado por oficiales federales de Estados Unidos. En el de Durazo, el permiso le ha sido otorgado también para recibir tratamiento médico en una clínica de Tucson.
Durazo salió personalmente a desmentir el reportaje en una conferencia de prensa.
“Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente. No tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero” dijo el mandatario el miércoles.
Por su parte, el coordinador de Comunicación Social del gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, negó “de manera categórica y contundente” las afirmaciones publicadas y las calificó de “señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde.”
A las negativas de ambos gobiernos estatales se sumó el sistema Infodemia, órgano de radiodifusión pública del gobierno federal, que descalificó el reportaje argumentando que no existe evidencia verificable que respalde lo publicado.
La reacción es consistente con una tendencia que se ha acentuado en la administración actual: la de cuestionar colectiva e institucionalmente los señalamientos contra funcionarios de Morena provenientes de medios o autoridades extranjeras, encuadrándolos como parte de una campaña de injerencia.
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema durante su conferencia matutina con un tono que mezcló la cautela con la crítica implícita al gobierno de Trump. “¿Qué intención con quitar la visa y hacerlo público? Tenemos todo el derecho, al menos de la duda”, dijo la mandataria.
Sheinbaum calificó el reportaje como parte de una estrategia con tintes político-electorales y acusó una violación a la soberanía de México mediante tácticas de interferencia externa.
“Respeto mucho las perspectivas de los funcionarios, pero hay mucho sustento y mis fuentes de primer nivel me lo han confirmado.” comento Fisher.
Y agregó una advertencia que da dimensión al fenómeno
“Es una campaña inédita en los tiempos recientes entre la relación entre Estados Unidos y México, y es una campaña que va muy en serio.”
El reportaje se inserta en un contexto de presión creciente y sostenida de Washington sobre funcionarios mexicanos.
En abril, el Departamento de Justicia acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, y al senador federal morenista Enrique Inzunza, por presuntos nexos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
Rocha Moya solicitó licencia temporal de su cargo el 1 de mayo. El alcalde Gámez hizo lo mismo. Inzunza, el único de los acusados que no ha pedido licencia, se mantiene alejado de los reflectores aunque activo en redes sociales.
El capítulo más reciente de esa saga ocurrió esta semana. El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, general en retiro, es el primero de los diez acusados en comparecer ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró no culpable.
Mérida Sánchez se había entregado voluntariamente a las autoridades estadounidenses el 11 de mayo en Arizona, y enfrenta cargos de narcotráfico por supuestamente recibir sobornos de hasta 100 mil dólares mensuales de Los Chapitos a cambio de información sobre operativos contra laboratorios clandestinos de droga.
Las revelaciones se producen en un entorno de endurecimiento de la política estadounidense hacia los cárteles mexicanos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, quien designó a varios de ellos como organizaciones terroristas.
Para Fisher, el rigor fue la prioridad desde el inicio de una investigación que, a juzgar por los antecedentes, difícilmente será la última. “Entiendo que son temas muy delicados y muy serios, y que este tipo de reportaje puede tener mucho impacto”, dijo. “Lo cuido lo más que puedo.”