La cadena de impunidad
De las tres instancias enfocadas en combatir este problema, la policía es el primer eslabón, el punto en el que inicia todo el proceso, y también la que tiene un menor presupuesto para trabajar.
En 2019 el Congreso le autorizó 12.5 millones de pesos, una cifra muy baja comparada con los mil 483 millones de pesos que obtuvo la Fiscalía, antes Procuraduría de Justicia, y también se queda por debajo de los mil millones de pesos que recibió el Poder Judicial ese mismo año.
“Las condiciones laborales, salariales y materiales no promueven que la actuación de los policías municipales pueda ser la mejor […] el problema es que desde que se implementó el nuevo sistema nos enfocamos más en el poder judicial y en las procuradurías y dejamos de lado a los policías”, explica Reynaldo Saldívar, miembro de la organización Causa en Común, dedicada al análisis del desarrollo policial en México.
Pero los presupuestos no alcanzan para mitigar el problema del narcomenudeo en ninguna de las instancias.
El mismo Poder Judicial lleva desde 2017 solicitando un incremento cercano al 50% en su presupuesto para enfrentar los cambios en el Sistema de Justicia, pero en 2020 recibió los mismos mil millones de pesos, e insiste en que no le alcanza para el nivel de demanda que tienen.
“Nosotros estamos viendo en el tribunal cómo implementar mayores jueces, mayores salas (…) estamos ahorita viendo qué es lo que tendríamos que hacer con el presupuesto que se nos autorizó”, declaró a la prensa Salvador Ortiz Morales, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California.
El edificio del poder judicial en Tijuana está a un costado de la antigua penitenciaría, donde internan a las personas arrestadas por la policía cuando la fiscalía considera que hay elementos para enviarlas ante el juez.
En ese penal, que encierra una historia de crimenes y corrupción legendarias, esperarán su primera audiencia o la siguiente.
La prisión es de renombre internacional lo mismo por asesinatos de sus directivos, que por sus fugas o por el control que los internos -especialmente los ligados al narcotráfico- mantuvieron durante años.
El desprestigio fue tal, que la pelicula estelarizada por Mel Gibson “Get the gringo”, se basó en las anécdotas de este reclusorio antes conocido como “El pueblito”, escenario de violentos y mortales motines.
Pero ahora el sistema judicial bajacaliforniano intenta marcar un contraste.
El inmueble que alberga las salas del nuevo sistema de justicia penal oral es relativamente nuevo y sobrio. En la entrada tiene un arco de detección de armas que no funciona, y en el pasillo principal una gran efigie de la justicia.
Muy cerca, los guardias detrás de un desgastado mostrador registran al personal, a los fiscales y a los abogados defensores que participarán en las audiencias.
Intentan mantener un orden la sala que se destina a qué juez y a qué caso, pero no es sencillo.
Aunque hay una programación previa, siempre hay más procesos que atender, así que la pantalla con los horarios y las salas asignadas cambia constantemente retrasando las comparecencias.
Por eso es común ver en la antesala gente parada o recargada en la pared esperando alguna de las decenas de causas penales repartidas en las 4 salas existentes. En ocasiones son mas de 50 en un día.
Ocasionalmente, los jueces pasan de un lado a otro aguardando que se desocupe una sala para presidir su siguiente audiencia.
Es un proceso riguroso que debe quedar videograbado por las cámaras de lo que asemeja un sistema de circuito cerrado.
En la sala, un monitor empotrado en el muro y un reloj completan el escenario de tres escritorios destinados para una auxiliar del magistrado, la físcalía y la defensa.
Junto a esta última se ubica al imputado, que estará de frente al podio principal que ocupa el juez.
Frente al togado y atrás del acusado, separados por un pequeño muro de alrededor de un metro de altura, hay unos cuantos asientos para los asistentes. Nadie puede entrar con teléfono celular, y menos con equipo profesional para grabar.
Los reporteros, que solo tienen permitido ingresar con pluma y libreta, generalmente están en primera fila, delante de los familiares o amigos. Los imputados, siempre resguardados por algún custodio estatal, salen esposados vistiendo tenis y everol anaranjado, como una copia de los juicios norteamericanos.
Una vez que el juez es presentado por su auxiliar, una de sus primeras acciones es pedir a los reporteros que se identifiquen y les advierte que serán multados si difunden los datos del procesado sin su autorización.
La saturación y los pocos recursos para trabajar tienen una consecuencia real en la impartición de justicia en la ciudad. Con la necesidad urgente de cerrar casos, en los últimos tres años los jueces prefirieron apegarse a criterios de ley para sustituir la cárcel por una multa.
Por eso el alto número de detenciones y el reducido nivel de judicializaciones han hecho que especialistas comparen al sistema con una puerta giratoria.
En el sistema acusatorio los policías tienen un papel fundamental: Son el primer peldaño de la justicia y también los más criticados por jueces y ministerios públicos, que los señalan porque sus detenciones frecuentemente tienen irregularidades que llevan a un proceso fallido.
“Simulaban que a una persona la habían detenido en un lugar, cuando había ocurrido en otro; que había sido a una hora, cuando en realidad había sido en otra. Todo lo iban modificando en el parte judicial”, dice Hiram Sánchez, el nuevo fiscal central en Baja California.
Estas irregularidades generan que desde el inicio las acusaciones estén en la cuerda floja, y cuando las carpetas llegan al fiscal, éste generalmente se limita a presentar ante el juez lo que los policías reportaron, según consta en las sentencias consultadas.
Solicitamos entrevista con el nuevo Secretario de seguridad de Tijuana Jorge Ayón Monsalve pero no estuvo disponible para responder a los señalamientos por el actuar de sus policías.
Estos procesos tienen otra cosa en común en Tijuana: los jueces terminan liberando a los detenidos tras calificar de ilegal la detención.
Los agentes de la policía municipal de esta frontera no están dispuestos a que toda la culpa recaiga sobre ellos y aseguran que el nuevo sistema de justicia está fallando porque es excesivamente “garantista”. Sus quejas se enfocan en un mismo punto: el ministerio público y los jueces le dan más credibilidad a los derechos humanos de los delincuentes.
“Es el ‘Talón de Aquiles’ de nuestras leyes y al ciudadano le afecta, porque ahora resulta que la persona que se metió a robar a mi casa tiene más derechos que yo como afectado”, dice Francisco García, supervisor de la policía municipal de Tijuana.
En 2009 esta bomba le cayó a las autoridades locales. Ese año hubo una modificación a la ley para combatir la venta de estupefacientes: al tratarse de cantidades pequeñas de droga sería responsabilidad del fuero común combatirlo y juzgarlo. Es decir, las autoridades federales se harían a un lado. Pero los agentes locales no estaban listos para tomar el control.
