PECADOS DE OMISIÓN

Foto: Elizabeth Conley/Houston Chronicle.

La Iglesia católica protegió a sacerdotes acusados de abuso.

Por  Katie ZavadskiTopher Sanders, ProPublica, and Nicole Hensley, Houston Chronicle.

Tijuana, viernes 13 de marzo de 2020.

Publicada originalmente el 6 de marzo de 2020 por Pro Publica y Houston Chronicle

 

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El Rev. Jose Antonio Pinal, un joven sacerdote mexicano, llegó en 1980 a su primera parroquia en una zona rural del norte de California, poco después de salir del seminario. El sacerdote hizo amistad con la familia Torres, ayudando a la pareja, inmigrantes mexicanos también, a llenar una solicitud para estampillas de alimentos. Pinal fue invitado a cenar varias veces y llevó a los niños de la familia a parques de diversiones y a viajes a lo largo de la costa del Pacífico. Animó a Ricardo Torres, de 15 años en ese entonces, a convertirse en monaguillo.

Sin embargo, según Torres, en los alojamientos del sacerdote, en la Iglesia Católica del Sagrado Corazón de la pequeña ciudad de Gridley, Pinal, de 30 años en esas fechas, le dio alcohol, le mostró películas con sexo y desnudez, y, lo manoseó y violó. En 1989, el adolescente informó a otro sacerdote al respecto y la familia recibió aserciones de los abogados de la diócesis, diciendo que a Pinal no se le permitiría estar en proximidad de menores, añadió Torres.

Treinta años después, en la primavera de 2019, la Diócesis de Sacramento incluyó a Pinal en su lista de sacerdotes con acusaciones creíbles. Dicha lista lleva cinco alegatos de abuso sexual en contra de Pinal, remontándose a finales de los ochentas.

De acuerdo con la lista, Pinal “huyó a México”, mientras que la diócesis le prohibió desempeñarse como sacerdote públicamente, en los veinte condados de su jurisdicción. No obstante, una investigación realizada por ProPublica y el Houston Chronicle, muestra que la Iglesia Católica permitió, o ayudó, a docenas de sacerdotes a servir en el extranjero después de haber sido acusados de abuso en forma creíble en los Estados Unidos, con Pinal incluido en lo anterior.

ProPublica y el Chronicle analizaron listas publicadas en cincuenta y dos diócesis estadounidenses, las cuales abarcan las primeras treinta de estas, en términos de la cantidad de clérigos vivos con acusaciones creíbles y los localizados en estados de la frontera con México. Los reporteros encontraron que cincuenta y un clérigos pudieron trabajar como sacerdotes o hermanos religiosos en una variedad de países, desde Irlanda a Nigeria y hasta las Filipinas, después de haber sido nombrados en alegatos de abuso en los Estados Unidos. Por lo menos cuarenta de ellos trabajaron en estados a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, con once de ellos en Texas. Ningún país fue un destino tan común como México, donde encontraron refugio por lo menos veintiún clérigos con acusaciones creíbles.

Utilizando medios sociales, fue fácil que uno de los reporteros encontrara a Pinal, quien vive actualmente en Cuernavaca, Morelos, a unas 55 millas de la Ciudad de México.

Durante una entrevista en su hogar, así como a través de una serie de intercambios posteriores por correo electrónico, Pinal negó repetidamente haber abusado a Torres, o “huido” de California. Sin embargo, en varios de sus mensajes mencionó lo “que pasó” entre él y Torres; y, en un correo electrónico enviado el miércoles por la noche, y relacionado con el viaje que hizo con él, Pinal dijo, “Estaba fregado, pero legalmente, lo que haya pasado fue consensual”.

Pocos meses después de los alegatos en California, Pinal retomó su trabajo en el sacerdocio llevando el ministerio a poblados indígenas en Tepoztlán y sus alrededores, lugar cercano a la Ciudad de México y conocido por sus sitios arqueológicos. También sirvió durante décadas en parroquias de la Diócesis de Cuernavaca.

Actualmente tiene 68 años y ofrece el ministerio desde su hogar, donde cuenta con oficios que indican que la iglesia de Sacramento lo mantuvo en su nómina durante el tiempo que lo ayudó a encontrar un puesto nuevo. En ese entonces, Pinal disfrutó de correspondencia amistosa con el obispo de Sacramento, así como con funcionarios encargados del ministerio hispano, quienes, en los meses posteriores a los alegatos, le aconsejaron trabajar en México por un “largo tiempo (5-6 años)”, antes de regresar a los Estados Unidos. Dichos oficios fueron firmados “con cariño” por el obispo.

Cuando la correspondencia entre Pinal y su predecesor le fue divulgada al abogado de Torres, como parte de una demanda, Jaime Soto, el actual obispo de Sacramento, señaló que “ese fue un gran error de juicio y una traición de confianza”, “La seguridad de los niños es nuestra más alta prioridad. En 1989, los encargados del liderazgo fallaron en ese sentido. Yo debo aceptarlo y expiarlo”.

Después de haber sido contactada por reporteros, la Diócesis de Sacramento reconoció que la declaración en su lista indicando que Pinal “huyó” a México es incorrecta, y, en días recientes, dicha diócesis actualizó la misma para “reflejar con mayor precisión las circunstancias de su partida en 1989”.

Desde 2018, muchas diócesis y órdenes religiosas de la Iglesia Católica en los Estados Unidos, incluida la de Sacramento, han divulgado listas de clérigos que se consideran contar con acusaciones creíbles de haber abusado a menores. Listas actualizadas y ampliadas de lo que se había dado a conocer al público. Para la iglesia, la ola de revelaciones ha sido un enfrentamiento tardío con el verdadero alcance de la crisis de abuso sexual expuesta hace dos décadas.

No obstante, las 178 listas dadas a conocer públicamente en enero, y recopiladas en una base de datos con mecanismo de búsqueda por ProPublica, revelaron una telaraña de información incompleta y a veces no congruente.

El Rev. José Antonio Pinal, izquierda, con el Obispo Francis Quinn, de Sacramento, quien lo ayudara a continuar ofreciendo el ministerio en México después de haber sido acusado de abuso sexual. (Cortesía de la Firma de Abogados de Joseph C. George)

A menudo, las listas no especificaron el estatus y a la ubicación actuales de los clérigos. Y, mientras que las diócesis declaran con frecuencia desconocer el paradero de un sacerdote, los reporteros de ProPublica y el Chronicle los encontraron en páginas web de iglesias, publicaciones religiosas y medios sociales diversos. Muchas veces, los dirigentes de la Iglesia tampoco denunciaron los alegatos a la policía, ni persiguieron restricciones permanentes dentro de la iglesia; o, tampoco tomaron en cuenta ni ofrecieron advertencias relacionadas con sacerdotes que enfrentaban acusaciones. En por lo menos cuatro casos, dichos dirigentes eclesiásticos facilitaron el traslado de sacerdotes al exterior.

Las omisiones, contradicciones y demás deficiencias, debilitan el deseo que ha profesado la iglesia de reparar su relación con millones de católicos distanciados, dijo Anthony M. DeMarco, abogado californiano que ha tramitado cientos de casos de abuso sexual de menores. “Cualquier evasiva que hagan para proteger a un pedófilo socava totalmente algún nivel de confianza que estén tratando de establecer”, agregó.

Pinal guarda alteros de álbumes de fotografías y papeles que documentan sus casi diez años en la Diócesis de Sacramento, la cual abarca la capital del estado y zonas rurales amplias del norte de California.

“Fue un tiempo lindo”, recordó melancólicamente.

En uno de los oficios que aún guarda, el Obispo Francis Quinn le indicó que “él le brindaría cualquier ayuda necesaria para apoyar su esfuerzo de buscar una diócesis nueva”. El oficio fue redactado en 1990, año después de que Pinal fuera denunciado ante la iglesia por cometer un supuesto abuso.

Cuando el obispo de Cuernavaca le ofreció a Pinal un puesto permanente, Quinn (quien falleció el año pasado), se vio entusiasta. “Me da gusto que haya encontrado un ministerio tan gratificante”, escribió el obispo.

El año anterior, Pinal atacó a su acusador en una carta dirigida a los funcionarios encargados del ministerio hispano, diciendo que Torres era el responsable de lo sucedido. “Con este muchacho pasó lo que pasó porque él así lo propició y si me preocupa su recuperación no es porque me sienta culpable de su trauma, sino por la amistad que me unió a su familia”, escribió Pinal.

Pinal dijo que Torres estaba reacio a conversar con el clero al respecto porque él era el culpable. “Si él se niega a conversar con cualquier sacerdote, no creo que sea por rechazo a mí, sino al saber que él no es inocente de la situación de la que me quiere culpar completamente. La única ventaja que tiene sobre mí es que cuando pasó era menor de edad por lo que legalmente estoy fregado. Por tanto, tuve que dejar la diócesis y los Estados Unidos, como ustedes dijeron por un periodo largo de tiempo (5-6 años)”.

Ricardo Torres en Sacramento, California. Torres dice que fue abusado por Pinal a la edad de quince años. (Rachel Bujalski para ProPublica)

En octubre del año pasado, Torres presentó una demanda en contra de la diócesis, esta vez bajo la nueva Ley de Víctimas de Menor Edad de California, misma que ofrece un periodo de tres años para que personas que fueron víctimas de abuso sexual siendo menores, presenten demandas legales que de otra forma quedarían fuera del plazo de prescripción. Entre otros puntos, la demanda alega que la negligencia de la diócesis permitió que Pinal agrediera sexualmente a Torres, además de no haber denunciado el abuso ante las autoridades relevantes.

Torres dijo que la iglesia había aplacado a su familia engañándolos acerca de los pasos que se tomarían para restringir la capacidad de Pinal para ejercer el ministerio. “Se suponía que él era la persona de más confianza”, dijo Torres de Pinal. “Se suponía que estaba cerca de Dios”.

“El pasado es el pasado”

Durante décadas, la Iglesia Católica en los Estados Unidos ocultó el abuso de parte del clero, transfiriendo a sacerdotes de parroquia a parroquia, y, a veces, utilizando lenguaje codificado para encubrir los motivos del traslado, tales como motivos “familiares y de salud”. Los expertos señalan que la demanda de sacerdotes de habla hispana en los Estados Unidos, impulsada por un aumento aproximado de unos 45 millones de católicos desde los años cincuenta, y con el mayor crecimiento entre los feligreses latinos, hizo que fuera más fácil que dichos sacerdotes cruzaran los límites fronterizos, pero más difícil hacerlos rendir cuentas.

Es “mucho más difícil mantenerse al tanto de ellos cuando están en otro país”, dijo Erin Gallagher, investigadora de la Corte Penal Internacional en La Haya, quien ayudó a encontrar a sacerdotes fugitivos a principios de los años 2000 cuando trabajó en la oficina del Procurador de Distrito en San Francisco, “Son parías aquí y pueden irse a vivir a otro lugar en el anonimato”.

La investigación de ProPublica y el Chronicle encontró que la capacidad de la iglesia para rastrear a sacerdotes abusadores es mucho más limitada a nivel internacional, que dentro del territorio estadounidense. Debido a que el Vaticano no dicta lo que deben divulgar los obispos al respecto de clérigos acusados, ya sea dentro de la iglesia o públicamente, los obispos de muchos países han revelado aún menos información que los estadounidenses.

Ninguna diócesis en México, hogar de casi 90 millones de católicos, ha publicado una lista de sacerdotes con acusaciones creíbles. Eso aun cuando funcionarios de la iglesia en ese país informaron en enero, que, durante la última década, 271 sacerdotes habían sido investigados en relación con alegatos de abuso sexual. Un grupo de apoyo a víctimas de abuso en México recopiló una lista de sacerdotes acusados, en 2010.

En los Estados Unidos varios de los agresores fueron laicizados (privados de su poder para ser sacerdotes). Sin embargo, ProPublica y el Chronicle encontraron que otros dejaron sus diócesis y resumieron el sacerdocio en México. Algunos entrecruzaron la frontera con facilidad después de haber sido acusados de abuso sexual, logrando puestos nuevos aun después de haber sido enviados por la iglesia a recibir tratamiento. Otros se asentaron en parroquias fronterizas hace décadas, pregonando sermones y bendiciendo bebés conforme expiraba el límite de prescripción para perseguirlos en EE. UU.

El Rev. José Luis Urbina aún tiene una orden de búsqueda emitida hace tres décadas en el Condado de Yuba, California, indicó Shiloh Sorbello, Procurador Asistente del mismo. Tras declarase culpable por el abuso sexual de un menor en 1989, Urbina huyó del condado antes de poder ser sentenciado y luego fungió como sacerdote en su pueblo natal de Navojoa, México, donde el diario The Dallas Morning News lo encontró en 2005. Dicho periódico dijo que el sacerdote había admitido su culpabilidad en una entrevista telefónica. Sorbello agregó que, ese mismo año, las autoridades estadounidenses trataron de lograr la extradición de Urbina, pero que el gobierno mexicano se rehusó devolverlo al país. Sorbello también indicó que la orden de búsqueda fue renovada en 2019, por si Urbina trata de regresar a EE. UU.

“Generalmente, los casos de asesinato ocupan el primer lugar en cuanto a extradición”, agregó. “No tenemos recursos para enviar a gente a México a tratar de localizar a este señor, y es probable que las autoridades mexicanas no tengan muchos incentivos para hacer nuestra labor”.

De acuerdo con la lista de la Diócesis de Sacramento, Urbina fue retirado del sacerdocio en 2008 por orden del Papa Benedicto.

Uno de los casos más notorios de un sacerdote acusado, que cruzó la frontera al extranjero, es el del Rev. Nicolás Aguilar Rivera. Cuando surgieron alegatos en 1987, en la ciudad mexicana sureña de Tehuacán, el reverendo fue atacado por los parroquianos y luego enviado a Los Ángeles por los dirigentes de la iglesia. Menos de un año de haber llegado a California, Aguilar Rivera enfrentó alegatos similares que eventualmente ocasionaron cargos de haber agredido sexualmente a diez niños. Según las demandas legales y denuncias penales, los dirigentes de la iglesia confrontaron a Aguilar Rivera antes de notificar a la policía, y él regresó a México donde siguió abusando de menores.

Años después, los abogados que demandaron a la Arquidiócesis de Los Ángeles, a nombre de las víctimas de abuso, cuestionaron al Cardenal Norberto Rivera, el entonces arzobispo de la Ciudad de México, acerca de si la dirección de la iglesia utilizaba lenguaje codificado, “razones familiares y de salud”, para ocultar la razón verdadera de los traslados al exterior. Como obispo de Tehuacán, Rivera ayudó a transferir a Aguilar a los Estados Unidos. Aguilar tenía que “atender el problema que yo sospechaba que tenía, que era un problema de salud”, explicó el cardenal en una declaración jurada. “A mencionar, la homosexualidad”.

La Arquidiócesis de la Ciudad de México indicó que se cree que Aguilar falleció y que no tiene conocimiento de ninguna queja en su contra. Dicha arquidiócesis no dio respuesta alguna a las declaraciones de Rivera.

Algunos sacerdotes sirvieron en México durante décadas, y se jubilaron o murieron antes de ser nombrados en cualquier lista.

De acuerdo con la Arquidiócesis de San Antonio, el Rev. José Luis Contreras fue incluido en su lista de sacerdotes con acusación creíble de 2019, más de treinta años de haber sido acusado de tocar indebidamente a un paciente varón de diecisiete años de edad, mientras el padre fungía como capellán en un hospital de esa ciudad.

Según la lista, Contreras fue enviado a tratamiento en 1987, quedando impedido para siempre para trabajar en iglesias de la zona de San Antonio, e indicando también que el sacerdote regresó a México para vivir con su hermana en Guadalajara.

Sin embargo, Contreras pudo trabajar como sacerdote tanto en los Estados Unidos como en México, aún después del alegato.

Robert F. Vasa, obispo actual de Santa Rosa, California, dijo que Contreras sirvió en parroquias de esa localidad entre 1995 y 2000, habiendo proporcionado a la Diócesis de Santa Rosa una carta de recomendación de la Diócesis de Tepic en el estado occidental de Nayarit, México.

Vasa dijo no haber encontrado en la documentación de Contreras indicio alguno acerca del alegato de abuso en Texas, rehusando compartir copias de la misma. En efecto, existe un oficio de apoyo de un sacerdote en Santa Rosa en el cual se mencionan los cinco años que Contreras estuvo en San Antonio, periodo que no se incluye en el curriculum vitae del sacerdote.

“¿Se debería haber notado esto?”, dijo Vasa acerca de la brecha de cinco años. “Claro, ahora que lo vemos desde aquí”.

Vasa agregó que nada en el expediente revela si el obispo anterior, o su personal, notó la discrepancia.

“Detectar esa divergencia reflejaría una sospecha previa, y, lamentablemente, en esos días no eran lo suficientemente suspicaces en cuanto a muchas cosas”, dijo. Aun si el obispo, o su personal, hubiese notado la discrepancia, Vasa dijo no estar seguro de que se habría prevenido que Contreras lograra un puesto en Santa Rosa.

“No puedo decir si la alarma sonaría, o no, en 1994”, agregó. “Ahora somos mucho más dudosos”.

Contreras se jubiló poco después de celebrar el 50.º aniversario de su ordenación, durante una ceremonia celebrada en 2017 en una parroquia colimense, en el oeste mexicano.

Cuando reporteros enviaron una copia de la lista a la diócesis, así como preguntas específicas sobre Contreras, sus funcionarios respondieron con una declaración citando el “grave ambiente de inseguridad, desconfianza y peligro que por desgracia prevalece en todo México”. El Rev. Jesús Ramos Hueso, vicario general de Colima, mencionó recientemente que nadie de su diócesis sabía acerca de los alegatos presentados en San Antonio en contra de Contreras.

Contreras enfrenta una probabilidad mínima de tener repercusiones judiciales en los Estados Unidos. Uno de los reporteros no encontró registros de que el alegato en su contra haya sido denunciado ante las autoridades del orden público. En cualquier caso, perseguir a Contreras sería imposible actualmente, ya que el límite de prescripción del alegato se venció hace décadas, indicaron los funcionarios.

Al localizarlo por teléfono, Contreras se rehusó a escuchar el alegato específico en su contra y posteriormente bloqueó a un reportero para impedir que se comunicara con él. “Yo ya me entregué al Señor”, dijo Contreras. “Para mí el pasado es una bendición de Dios y nada más. Para mí, el pasado es el pasado”.

“Yo no era un santo”

En Tijuana, México, una mañana cálida de domingo a principios de noviembre, los feligreses de Nuestra Señora de la Encarnación se saludaban entre ellos con abrazos, apretones de mano y sonrisas. La iglesia de la colonia Camino Verde, en la zona occidental de la ciudad, se veía rodeada del bullicio normal de antes de misa. Taxis en las calles entregando a clientes, vendedores poniendo sus puestos de mercancía religiosa al son de norteñas en los altavoces.

En el patio de la iglesia, donde docenas de niños reían y jugaban, un reportero encontró al Rev. Jeffrey David Newell, pastor de la parroquia.

Según la lista de acusaciones creíbles publicada en 2018 por la Arquidiócesis de Los Ángeles, Newell se encuentra “inactivo”, lo cual sugiere que ya no sirve de sacerdote. Sin embargo, al buscarlo en Google, los reporteros encontraron su nombre en la página web de la Arquidiócesis de Tijuana, nombrándolo como pastor de Nuestra Señora de la Encarnación.

Newell bendice el cáliz de la Eucaristía durante misa en Nuestra Señora de la Encarnación, iglesia católica de Tijuana, de la cual es pastor. (Elizabeth Conley/Houston Chronicle)

De acuerdo con entrevistas, y una demanda judicial presentada hace una década, Newell, de 58 años, fue acusado hace casi treinta años de abusar sexualmente a un adolescente en Los Ángeles (la demanda fue denegada por no haber sido encausada dentro del límite de prescripción). El menor conoció a Newell en 1984, cuando el sacerdote era ministro laico juvenil en el colegio de Santa Catalina de Siena.

El adolescente dijo que el abuso comenzó en 1986 cuando él tenía quince años, y que duró años. En 1991 informó a los funcionarios de la Diócesis de Los Ángeles acerca del mismo, y, de acuerdo con la demanda, le prometieron que Newell “sería cesado del sacerdocio y que ya no podría abusar sexualmente a menores”.

Newell, entrevistado brevemente en la iglesia de Tijuana, dijo que él confesó ante los dirigentes de la iglesia décadas antes, y que había cursado varias rondas de tratamiento y terapia.

“Sucedió”, dijo. “Lo admití. Cometí un error”.

Únicamente disputó la edad de la víctima cuando ocurrieron los encuentros: Newell dijo que tenía diecisiete, no quince años.

Como respuesta a las indagaciones de ProPublica y el Chronicle, la Arquidiócesis de Los Ángeles indicó que, en 1991, Newell admitió la “relación” con un menor de 17 años, agregando que, “en mayo de 1991, cuando un adulto hizo una denuncia de mala conducta de índole sexual en contra del Pbro. Newell, el sacerdote fue enviado a evaluación y tratamiento a partir de ese mes y hasta noviembre de ese año”. “Él admitió haber tenido una relación indebida que comenzó antes de ser ordenado (cuando la supuesta víctima tenía diecisiete años), misma que siguió mientras fue sacerdote (cuando la supuesta víctima era adulto)”.

La arquidiócesis indicó que Newell se nombra como “inactivo” en su lista debido a que la descripción del estatus actual tiene la intención de corresponder únicamente a la Arquidiócesis de Los Ángeles.

Newell dice que ya no es la misma persona que fue en ese entonces.

“Yo no sé cómo usted era cuando tenía veintitrés años”, comentó. “Yo no era un santo. No sé cuántas personas lo sean. Esa es mi labor. Trabajar con pecadores de todos los niveles; y, sin embargo, la gente espera algo sobrehumano de nosotros”.

Como respuesta a las indagaciones de ProPublica y el Chronicle, la Arquidiócesis de Los Ángeles indicó que Newell fue a un retiro en Tijuana en 1993, y que permaneció ahí sin permiso desde entonces. La arquidiócesis agregó que en repetidas ocasiones le ha solicitado a la Arquidiócesis de Tijuana no permitir que Newell ejerza el ministerio. La respuesta no explica el porqué la arquidiócesis no buscó que el Vaticano privara a Newell de su poder para seguir de sacerdote.

La arquidiócesis también proporcionó dos oficios que enviara a la policía, en 2008 y 2014, denunciando los alegatos en su contra. Cuando se preguntó por qué el alegato no fue denunciado con la policía en 1991, Adrián Alarcón, vocero de la arquidiócesis, indicó que la víctima era adulto en ese entonces, y que la diócesis lo denunció ante esta autoridad sólo cuándo dicha víctima se presentó nuevamente en 2008 para indicar que había sido menor de edad en la época del supuesto abuso. El oficio de 2008, dirigido a la policía, sugiere un motivo por el cual quizás no hubo contacto con la policía. “Nuestros archivos indican que” la víctima “contactó a la Diócesis en 1991, antes de que el clero tuviera carácter de denunciante obligatorio”, mencionó el documento. “Nuestros registros no indican si él denunció el asunto ante las autoridades en esas fechas, o no”.

De acuerdo con un resumen de casos de la oficina del Procurador de Justicia del Condado de Los Ángeles, un hombre, cuyos alegatos son iguales a los detallados en la demanda de 2010, denunció a Newell ante las autoridades del orden público en 2014. La arquidiócesis también mencionó que Newell fue entrevistado por la policía en 2015. Dicha autoridad presentó el caso antes los procuradores ese mismo año, pero esos funcionarios dijeron que no podrían perseguir cargos en su contra por haber caducado el plazo de prescripción.

Interior de Nuestra Señora de la Encarnación. (Elizabeth Conley/Houston Chronicle)

El pasado noviembre, Newell informó a ProPublica, y al Chronicle, que preferiría dejar el sacerdocio que seguir siendo una distracción.

“No hay nada que pueda decir”, indicó. “No existe defensa alguna. Es mejor no hablar del asunto”.

Newell dijo que no ha abusado a ningún otro menor.

Sin embargo, en febrero, otro hombre en California presentó una demanda en contra de la arquidiócesis, declarando que Newell abusó sexualmente de él. El hombre dijo que el abuso comenzó en 1993.

La arquidiócesis dijo que no ha recibido la demanda oficialmente.

De acuerdo con la misma, después del alegato de abuso, de 1991, Newell fue retirado de su puesto y enviado a un centro de tratamiento en Maryland. En 1993, continúa, la iglesia permitió que Newell “desempeñara el ministerio parroquial” en Tijuana, aseveración que la arquidiócesis niega.

El demandante, que presentó la demanda con el nombre de John Doe (para representar el anonimato), habló con ProPublica a condición de no ser identificado. Informó que tenía trece o catorce años cuando conoció a Newell en Tijuana. El sacerdote pronto le comenzó a pedir que se quedara después de Misa a ayudarlo, agregó, y que fuera su asistente en programas de educación religiosa. La madre del menor, enferma en ese entonces, lo animó a hacerle caso, dijo.

“Es cuando él empieza a tener un acercamiento conmigo”, dijo el hombre “Vamos aquí. Vamos allá”, recuerda que Newell le decía. Newell le preguntó acerca de sus necesidades económicas y las de su familia, y comenzó a comprarle ropa.

“Y él hablaba mucho de las misiones que Dios tiene por mí, que Dios le decía que tenían algo para mí”, agregó.

Newell con un chico y el padre del menor, en Tijuana, a principios de los noventas (con el rostro borroso para proteger sus identidades). A través de una demanda presentada en febrero, esta persona, de trece o catorce años en ese entonces, acusó a Newell de abusar de él sexualmente durante años. Newell niega los alegatos. (Cortesía de la Firma de Abogados de Anthony M. DeMarco)

Una noche, dijo el hombre, Newell le pidió que lo ayudara en su casa, donde hizo que el adolescente le practicara sexo oral.

El hombre agregó que Newell también lo llevó de viaje de Tijuana a Los Ángeles, donde siguió abusando de él.

Newell negó los alegatos de abuso y que había viajado al área de Los Ángeles. El sacerdote dice que no salió de Tijuana después de haberse mudado a esa ciudad a principios de los noventas.

El mes pasado, durante una entrevista de seguimiento, uno de los reporteros le mostró al sacerdote una fotografía de él con el menor que lo acusó de abuso posteriormente, y que fue tomada en los noventas.

Newell dijo que ve a miles de personas y que no conocía al menor.

“Eso es totalmente absurdo”, dijo. “Cualquiera que me conoce le dirá que es absurdo. Totalmente ridículo. Sencillamente es una forma de sacarle dinero a la iglesia”.

En 2004, la Arquidiócesis de Los Ángeles nombró a 211 sacerdotes con acusaciones creíbles de abuso sexual. Newell no apareció en esa lista, ni tampoco en la siguiente emitida un año más tarde.

No fue sino hasta 2008 que su nombre fue incluido. La arquidiócesis únicamente dijo que Newell fue añadido “cuando información adicional reveló que la mala conducta podría haber ocurrido cuando la víctima era menor de edad”.

Dicho organismo también indicó que funcionarios eclesiásticos en Roma determinan actualmente si Newell sigue siendo parte de la Arquidiócesis de Los Ángeles, y, que, si encuentran que así es, la arquidiócesis perseguirá que sea eliminado del sacerdocio.

El hombre que presentó la demanda en febrero lloró cuando contó sus alegatos en contra de Newell y dijo tener una petición para la Iglesia Católica: “que le quiten el poder que tenga con los niños usando la palabra de Dios, que lo quiten, que no pueda actuar otra vez”.

“Nunca desaparecerá”

Para Torres, quien dice haber sido abusado por Pinal, el sacerdote que hizo amistad con sus padres, el punto de ruptura se dio después de que este lo invitó a un viaje a México en el verano de 1983, o 1984. Torres dijo que él no quería ir, pero Pinal convenció a sus padres con su persistencia. Eventualmente, el muchacho cedió.

Torres dijo que el sacerdote lo violó durante el viaje de todo un mes. En una fotografía tomada hace unos treinta años junto a un peñasco en México, el sacerdote se ve apoyado sobre una roca con la vista alejada de la cámara y una expresión inescrutable. Torres, alto pero aún aniñado, parece fruncir el ceño.

Fotografía de Torres (izquierda) y Pinal de vacaciones en México (de un álbum de fotografías en casa de Pinal, mostrada a una reportera y fotografiada por ella).

Durante el viaje, Torres, estudiante de preparatoria en ese entonces, dijo que comenzó a vestir un traje de baño, aunque no planeara meterse al agua. De esa forma, dijo, podía amarrárselo por la cintura para que el sacerdote no se lo pudiera bajar.

Torres dejó de hablarle a Pinal cuando pararon en Acapulco. “¿Qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? ¿No sabes que te quiero?”, recuerda Torres que le dijo Pinal.

También mencionó que el sacerdote dejó de pagarle la comida y que él tuvo que ajustar su propio dinero durante el resto del viaje.

En un correo electrónico con respuestas a las indagaciones relativas al viaje, Pinal negó lo dicho por Torres en cuanto a no pagar sus alimentos, o haberle dado alcohol al adolescente. Cuando se le presionó para aclarar qué quiso decir con “lo que pasó” entre ellos, Pinal envió un correo electrónico el pasado miércoles en el cual dijo: “estaba fregado pero legalmente lo que haya pasado fue consensual”, agregando “y solo en Acapulco”.

Torres dijo que, al regresar a California, comenzó a evadir a Pinal, y continuó yendo a la iglesia con su familia pero sin ser monaguillo. Se vio consumido por la angustia y se culpó a sí mismo por el abuso. “Andaba como zombi”, dijo Torres.

Todo comenzó a derribarse cuando comenzó la universidad, agregó. Fue a ver a Pinal en Winters, California, otro poblado rural con una gran población latina y donde el sacerdote ejercía el ministerio. Torres dijo que tenía la intención de confrontarlo y herirlo. En realidad, Torres se retiró después de una breve visita.

Poco después, Torres acudió a su propia parroquia, el Sagrado Corazón en Gridley, para denunciar el abuso con otro sacerdote. De acuerdo con los documentos de la iglesia, un terapeuta contratado por la diócesis diagnosticó a Torres con estrés postraumático y un psiquiatra indicó que tenía un trastorno de ajuste con ansiedad y depresión.

En oficios revisados por reporteros, se encontró que los funcionarios de la iglesia en Sacramento le indicaron a Pinal que no le impondrían penalidades canónicas si acudía a un terapeuta y los mantenía al tanto de su avance. También apoyaron su labor en una diócesis mexicana, siempre y cuando sus dirigentes “protegieran a la diócesis de Sacramento en contra de cualquier responsabilidad monetaria relacionada con algún acto cometido por usted mientras trabajara en esa diócesis”.

La correspondencia de su expediente de personal no menciona la posibilidad de regresarlo al estado laico. El abogado de Torres recibió los documentos durante una demanda, y el expediente también omite muchos de los documentos que un reportero revisó en casa de Pinal, mismos que muestran sugerencias e instrucciones de parte de altos funcionarios de la diócesis.

Torres dice que supo poco acerca de Pinal hasta 2002, cuando la policía local se comunicó con él. La diócesis por fin lo había denunciado a la policía y perseguían un caso. Le dijeron a Torres que necesitaban su ayuda.

Él aceptó cooperar y los procuradores presentaron cargos en contra el sacerdote en California. La Diócesis de Sacramento entró en contacto con la de Cuernavaca, esta vez exhortándola a enviar a Pinal a los Estados Unidos a enfrentar los cargos.

Los funcionarios en esa ciudad pusieron reparos. “El padre Antonio me ha demostrado con documentos, que el caso no es como ustedes lo están tratando”, escribió el Obispo Florencio Olvera Ochoa con un oficio dirigido a la Diócesis de Sacramento.

Respuesta del Obispo de Cuernavaca a la Diócesis de Sacramento

El oficio original va en español. Lea la carta completa.

En una declaración, la Diócesis de Cuernavaca reiteró que el asunto fue concluido cuando Pinal se unió a la diócesis en 1991.

Pinal había juntado sus propios oficios de Sacramento para respaldar su reclamo de inocencia. El sacerdote nunca regresó a EE. UU. en relación con los cargos, los cuales fueron posteriormente retirados cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos revirtió la extensión retroactiva de los límites de prescripción. Pinal siguió fungiendo como sacerdote.

Sin embargo, la policía hizo que Torres le llamara cuando lo investigaron en 2002. “El padre volvió a admitir el haber cometido esos actos de abuso contra el niño”, escribió el Obispo Jaime Soto de Sacramento a sus contrapartes en Cuernavaca en 2010, añadiendo que el sacerdote no expresó ningún remordimiento.

El Obispo de Sacramento le informa a la Diócesis de Cuernavaca de la investigación policial

El oficio original va en español. Lea la carta completa.

En 2005, Pinal celebró su aniversario de plata, 25 años como sacerdote. Su amigo Gerardo Beltrán, compañero que sirvió en comunidades rurales cerca de Sacramento, y ahora aparece en la lista de clérigos con acusaciones, así como en la lista de delincuentes más buscados del FBI , acudió a la ceremonia.

Cinco años después, el nombre de Pinal apareció en una lista de sacerdotes acusados de abuso sexual de menores emitida por SNAP México, organismo ahora independiente, pero derivado de la Red de Sobrevivientes, Personas Abusadas por Sacerdotes (Survivors Network of those Abused by Priests, SNAP) de Estados Unidos. Asimismo, la Diócesis de Sacramento lo incluyó en su propia lista de 2019, indicando que tiene cinco alegatos creíbles en contra del sacerdote, tres de estos de los mismos años en que lo denunció Torres.

Acusación No. 1, denunciada en 1989: “tocar y acariciar de manera sexual, masturbación, sodomía/penetración”. Las tres acusaciones de la lista, relacionadas con otros varones adolescentes, son idénticas: “admitió haber abusado un menor; se desconocen los detalles”. Según la lista, una mujer acusó a Pinal en 2016 de “cópula oral”, informando que el suceso ocurrió cuando ella tenía catorce años.

“Yo nunca admití lo que dicen”, Pinal le comentó a ProPublica, “y lo que pasó nunca fue un abuso .

Pinal celebró el 25º aniversario de su ordenación. (Cortesía de la Firma de Abogados de Joseph C. George)

La correspondencia entre la Diócesis de Sacramento y Cuernavaca, revisada por reporteros, no menciona las acusaciones de abuso adicionales.

Pinal dijo que se vio sobrellevado por alegatos de personas que buscaban dinero, comentando, durante una entrevista en su casa, que hubo muchos sacerdotes en distintas partes de Estados Unidos que fueron atacados. “Todas las personas que me conocieron y trabajaron conmigo en Estados Unidos, saben yo no nunca haría nada malo”.

Aun así, Torres dijo que los efectos del abuso lo persiguen hasta hoy en día.

Cuando perdió su empleo durante la Gran Recesión, Torres decidió enfrentar su trauma. Utilizó fondos de su plan de retiro y estuvo siete meses en un tratamiento residencial en Misisipi y Florida. Obtener ayuda fue una labor de tiempo completo, comentó Torres, quien trabaja actualmente para el gobierno estatal en Sacramento.

Por primera vez pudo realmente hablar acerca de lo sucedido; y por primera vez, también pudo comenzar a creer que no fue culpa suya.

“Nunca desaparecerá”, indicó, “pero por lo menos ahora tengo herramientas para lidiar con el estrés”.

Terminó divorciándose más o menos en la misma época. Torres no tiene cercanía con sus hijos, ahora adolescentes y adultos jóvenes. No habló con ellos por dos o tres años después de divorciarse. Ellos lo visitaron hace poco.

Su relación son sus padres nunca se recuperó del todo. Después de un tiempo en la zona de la Bahía de San Francisco, y en recuperación, volvió a establecerse en Gridley, donde dice que comenzó el abuso. Pero sus padres y él no hablan de lo sucedido.

“Mi madre es quizás la más cercana. Ella me dice, ‘te quiero, lo siento’”, agregó.

Torres dijo que algún día le gustaría decirles a sus padres que no los culpa, que ellos no fueron los responsables.

Lilia Saul, Lomi Kriel, Stephanie Lamm y Gabriela Martinez aportaron al reportaje.

Katie Zavadski es Editora de Investigación de ProPublica.

Topher Sanders es reportero de ProPublica dedicado a cubrir temas raciales, de inigualdad y del sistema de justicia.

Nicole Hensley es reportera del Houston Chronicle, dedicada a temas de delincuencia. Puede localizarse por correo electrónico a Nicole.hensley@chron.com, por teléfono al 713-362-2521 o en Twitter

Traducción al español: Mati Vargas-Gibson

Corrección de estilo: Deya Jordá Nolan

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