EXPORTACIÓN DE AGUA SERVIRÍA PARA PAGAR DESALINIZACIÓN

A pesar de que el gobierno estatal niega plan para vender el agua.

 

Por Vicente Calderón

Tijuana, lunes 24 de abril de 2017.

“Si no hay venta de agua no hay desaladora”

Así de tajante fue la declaración de uno de los involucrados en conversaciones preliminares para lograr que California compre agua desalinizada a Baja California.

El informante accedió a comentar sobre las pláticas a condición de que no se revelara su identidad por no estar autorizado para hablar sobre el tema.

Aunque ya había habido comentarios públicos sobre la idea –  incluso desde la administración del ex gobernador José Guadalupe Osuna-  el actual gobierno del estado niega que haya un plan en marcha para exportar agua producto de las plantas desaladoras que se construyen en la entidad por medio de asociaciones público- privadas.

La revista Newsweek en español en su edición Baja California ( donde el que esto escribe es colaborador) publicó los avances que este plan tiene.

Sin embargo, la administración del gobernador Francisco Vega dice que no hay tal.

Vega De Lamadrid declaró recientemente en Tecate, que había leído el reportaje pero que él no tiene conocimiento de que se intente vender agua a California.

El participante en las charlas para la venta internacional dijo que no entiende porqué el gobierno insiste en negarlo.

Palabras más, palabras menos dijo que de no concretarse la transacción de exportación del líquido, el estado se quedará con la obligación de un pago mensual de cientos de millones de pesos.

“Y de dónde?” se preguntó de manera retórica.

Hay 4 plantas de desalinización instaladas o en construcción en Baja California. La más costosa es la que se edifica en Rosarito y que fue anunciada por el gobernador como la mayor de latinoamérica.

Mencionó que la abrogación de la ley del agua que presentó Kiko Vega a principios de año y fue aprobada principalmente gracias a la mayoría de diputados estatales panistas complicó las cosas.

En la nueva ley del agua contemplaban la creación de un comité que determinaría los precios del agua donde estarían representadas las autoridades, la iniciativa privada y la ciudadanía, explicó.

“Es como en la Comisión Federal de Electricidad’ ejemplificó refiriéndose a cómo se establecen los costos en la CFE donde los miembros del Consejo de Administración son uno de sus integrantes.

La nueva ley del agua fue derogada ante la presión de decenas de miles de manifestantes que salieron a marchar en todas las ciudades del estado.

Empezaron protestando contra los aumentos de precios a los combustibles que entraron en vigor el primer día del año por disposición del gobierno federal y luego reclamaron por la nueva ley del agua que abría la posibilidad de la privatización del servicio.

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