B.C. NO APRENDE DE CD. JUÁREZ

Por Raúl Ramírez Bahena.
Tijuana, 16 de febrero de 2010.

Tras un acuerdo con el Secretario de la Defensa Nacional, el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, anunció el pasado 11 de febrero la instalación de “retenes militares móviles” en garitas y carreteras de Baja California, además de los que ya existen, para detectar a “gente indeseable”. “El que nada debe, nada teme”, dijo el mandatario estatal a una reportera.

La ampliación de carriles para la revisión, la utilización de tecnología de punta para la detección de droga y más personal militar (la “modernización” de los retenes, le llaman), como lo demanda la cúpula empresarial, podrán paliar las perdidas económicas que generan las largas filas y horas de espera en los retenes. Pero ese no es el punto.

El gobernador Osuna, que fue diputado federal, sabe muy bien que en un Estado Democrático de Derecho, el Estado es el único responsable de garantizar a toda la población el libre ejercicio de sus garantías, como son la libertad de tránsito, la libertad personal, la presunción de inocencia y el debido proceso, garantías que solo pueden ser suspendidas por orden judicial a raíz de una investigación, por flagrancia de delito, por falta administrativa, por señalamiento expreso o mediante declaratoria presidencial sujeta a la aprobación del Congreso de la Unión.

Estas garantías se violan en los retenes militares al no haberse cumplido las formalidades constitucionales para su suspensión.

En Cd. Juárez, la población ha protestado enérgicamente ante el propio Calderón exigiendo la salida del ejército por el fracaso de la estrategia militar y los excesos del personal castrense, que han provocado en lo que va del sexenio miles de muertos y graves violaciones a los derechos humanos. En respuesta, el presidente, que por lo visto no entiende de lo que se trata o son más fuertes sus intereses, manda más policías federales (soldados) para hacer revisiones aleatorias (no existe la “actitud sospechosa” como causa legal de detención). Y manda también a su “gabinete social” con programas asistencialistas para “resolver” el problema en Juárez, en una realidad social difícil de comprender para los tecnócratas, los mismos que han provocado la crisis económica, social y de inseguridad en el país y en el mundo.

En Baja California, se insiste también en incrementar la presencia militar a pesar de las denuncias y quejas por tortura y otras violaciones, interpuestas contra los mandos policíaco-militares de Tijuana y personal castrense en esta ciudad, que han sido denunciadas por Amnistía Internacional y Human Right Watch, merecido la atención de la PGR y la CNDH para su investigación y aceptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Las garantías y libertades, por ser de reconocimiento jurídico Universal, no pueden ser afectadas por acuerdos privados entre un gobernador y un secretario de Estado, por encuestas y consultas, por “felicitaciones” del gobierno estadunidense, de la cúpula empresarial y de la jerarquía católica; por reformas legislativas aprobadas por consigna o por acuerdos políticos cupulares. Estas prácticas lesionan al Estado de Derecho que tanto se invoca en los discursos.

Es vasta la jurisprudencia nacional e internacional que prohíbe de manera terminante a los Estados violar los derechos humanos. En México, dada la línea oficial, hay una riesgosa tendencia gubernamental y de los llamados “poderes fácticos” para relajar los principios constitucionales y los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado, que amparan dichos derechos.

El manejo mediático del crimen (la “guerra” personal de Felipe Calderón), que ha arrastrado a todos e imbuido miedo entre la población, y el desconocimiento de ésta sobre sus derechos, predispone el apoyo popular a las medidas ilegales de fuerza y a la criminalización de los jóvenes, los pobres y los migrantes, al igual que de los líderes sociales y sindicales. Es muy sugestivo observar, en cambio, como no se ataca la estructura política y financiera del narco.

Los agoreros del régimen en turno, como Héctor Aguilar Camín y Ciro Gómez Leyva, reclaman a los juarenses sus protestas al gobierno. Dicen que “es una gran confusión”. Los 15 jóvenes fueron asesinados por sicarios, “por esos hijos de puta” –dice Aguilar- , como los otros 17 mil. Por tanto, el mensaje es que no hay que responsabilizar al gobierno. Que poca moral. Tratan de encubrir la ineficiencia, los negocios ilícitos desde el poder y los abusos del ejército. Peor aún, son insensibles ante el dolor de las madres que perdieron a sus hijos por la necia y sorda política anticrimen presidencial, principal responsable de la tragedia nacional. Los juarenses tienen razón.

Aclaramos que no está en nuestro ánimo desacreditar la labor de las fuerzas armadas en la defensa de la Seguridad Interior y la Soberanía Nacional, ni estamos en contra de la persecución e investigación de los delincuentes y criminales. Pero estas acciones se deben realizar anteponiendo a la persona y sus derechos, por encima de cualquier otra consideración.

Es evidente que hoy, las políticas sobre seguridad pública y persecución del crimen, como el “arraigo” y la militarización, se deciden de manera cupular y unilateral. Las autoridades y las legislaturas no consultan a los ciudadanos, esencial en una democracia. Los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública, conformados had hoc, se han convertido en órganos acríticos y de simulación que legitiman todo lo que la autoridad decide. Por lo menos el de Baja California.

En Medellín, Colombia, para combatir la inseguridad y el crimen, el presupuesto para Seguridad Pública se orienta hoy a la Cultura, la Educación y el Deporte desde una perspectiva humanista, no con criterios asistencialistas, corporativistas o desde los lineamientos del Banco Mundial. Otras alternativas son promover actividades recreativas de Educación No Formal para el Uso Positivo del Tiempo Libre; incorporar a la currícula de Educación Básica la materia sobre Educación para la Paz y los Derechos Humanos, y abordar la Seguridad Pública desde la perspectiva de la Seguridad Ciudadana, paradigma que hoy se promueve en el mundo desde la ONU. Para ello se necesita de la voluntad política de los gobernantes.

¿Será mucho pedir?

Raúl Ramírez es Ex Ombudsman de Baja California y
presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC
Mexicali, B.C., febrero de 2010

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: