En Tijuana la gente marcha por muchas cosas pero no cuando le cortan el agua

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“No es justo, los recibos no fallan”, comenta Agustina Barajas  sentada en la sala de su pequeña casa en Villas del Campo, en el extremo este de esta ciudad fronteriza. No oculta cierta molestia, pero se considera afortunada porque solo le cortaron el agua un día.

“Yo había llenado los tambos porque habían dicho que se iba a ir por cuatro días”, dijo.

Los tambos — dos contenedores cilíndricos que guarda en lo que se supone era la cochera, donde apenas cabe un auto y que su familia convirtió en patio — son muy comunes en este vecindario de clase trabajadora de casas idénticas y pequeñas. Es uno de esos fraccionamientos construidos en años recientes por empresas inmobiliarias que parecen competir para ofrecer el menor espacio posible. 

Frente a la casa hay un tercer tambo, usado para la basura. Adentro, los otros dos llenos de agua en previsión del siguiente corte.

Porque en Tijuana cortan el agua con frecuencia.

Esta ciudad fronteriza sabe cómo protestar. Sus habitantes han marchado contra el asesinato de periodistas, manifestado frente a oficinas de gobierno exigiendo respuestas por los desaparecidos y organizado reclamos  laborales paralizando fábricas y el tráfico en la garita terrestre más transitada del hemisferio occidental.

Pero no se moviliza cuando le quitan el agua.

La mediocre reacción comunitaria ante una de las peores interrupciones del suministro en épocas recientes revela algo más profundo que solo fallas de infraestructura: una ciudad que, silenciosa e incrementalmente, ha aprendido a vivir sin suministro de agua confiable — y al hacerlo, ha dejado en gran medida de exigirla.

La interrupción que afectó a la señora Barajas y a cientos de miles de habitantes más comenzó a la medianoche del 8 de enero, cuando la CESPT — la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, agencia estatal del agua — cortó el servicio a 691 colonias de Tijuana y Playas de Rosarito para realizar reparaciones en el acueducto de la ciudad. Anunció que el servicio se restablecería en cuatro días.

No fue así.

Las escuelas cancelaron clases. Hubo negocios que cerraron o redujeron operaciones. La vida en Tijuana se vio gravemente alterada, con algunos habitantes reportando hasta diez días sin agua. La frustración y las quejas inundaron las redes sociales, pero casi nadie salió a protestar.

“La gente se queja, pero por Facebook”, dijo Yolanda Rodríguez, habitante de la Colonia Miramar, donde el agua no regresó en ocho días. “Realmente no pasa nada” agregó.

La señora Rodríguez vive en el lado oeste pero, al igual que la señora Barajas en el extremo este de la ciudad, mantiene dos tambos azules de 200 litros en su patio, llenos de agua.

Cuando llegó el corte de enero, hizo lo que siempre hace: lavó ropa con anticipación, se abasteció de platos y vasos desechables, compró gel antibacterial  y toallitas húmedas. Esperaba cuatro días. Ocho fue demasiado.

“Lo estábamos racionando, pero no alcanzó”, dijo. “Para bañarse necesitas una cubeta. Las mujeres de cabello largo necesitan más.”

Por necesidad fueron muy eficientes.

Pero la eficiencia tiene un precio. La señora Rodríguez enumeró los gastos extra: los desechables, el cloro, los aromatizantes, los pequeños garrafones de tres litros de agua purificada que su yerno compraba a precios elevados para lavar los biberones de la bebé que ella cuida durante el día.

“Afecta el bolsillo de mil maneras”, dijo. Cuando llegó el recibo, no hubo descuento. “Ellos hacen y deshacen como quieren” dijo en referencia a la CESPT.

En el extremo oeste de la ciudad, en Playas de Tijuana — limitada al norte por el muro que divide México de Estados Unidos y al oeste por el océano Pacífico — Alejandro Marín la pasó considerablemente peor.

El químico pensó que estaba preparado. Hace tres años, cuando los cortes comenzaron a volverse más frecuentes, instaló un Rotoplas en su techo — nombre comercial de un tinaco de plástico que se ha vuelto omnipresente en muchas comunidades de Tijuana. Una solución de infraestructura privada ante una falla de infraestructura pública.

Está en el extremo más occidental de la red de distribución de la ciudad, la última parada de un sistema que debe empujar el agua cuesta arriba a través de kilómetros de tuberías viejas.

“Aquí funciona por presión, porque el agua tiene que subir a los cerros”, dijo. “Aunque la CESPT diga que ya hay agua y que ya está llegando — no es cierto. No llega.”

El tinaco no fue suficiente. Ocho días para una familia de tres personas superan cualquier reserva doméstica. Terminó comprando garrafones en el supermercado y ahora considera instalar un segundo tinaco o una cisterna subterránea.

“Con todas las precauciones — bañarse con cubeta, ponerse de acuerdo para ir al baño, usar lo mínimo de trastes, usar desechables — el agua no alcanza”, dijo.

Alejandro nació en Oaxaca y se mudó a Tijuana esperando encontrar una ciudad más moderna y con mejores servicios. En Oaxaca, dijo, la gente reacciona diferente cuando se va el agua.

“Cuando no hay agua en ciertas colonias, la gente bloquea las calles, cierra lugares, va al palacio municipal, hay denuncias, hay demandas”, dijo. “Aquí la gente necesita entender que el agua es un derecho, no un favor del gobierno.”

La queja compartida de casi todos los habitantes entrevistados para este reportaje no fue sólo la duración del corte, sino lo que vino después: un recibo de agua que no reflejó nada de lo ocurrido.

Un grupo de abogados anunció una demanda contra la CESPT, buscando obligarla a reembolsar a los usuarios los días en que no hubo servicio — aparentemente la primera vez que tal reclamo se presenta de forma organizada y legal en la ciudad.

La señora Rodríguez había escuchado algo al respecto, vagamente. Es escéptica. “No creo que vayan a hacer nada al respecto. El agua se ha ido antes y los recibos nunca han bajado.” Aun así, dijo, alguien debería intentarlo. “Debería reclamarse. Porque afecta a mucha gente, aunque lo minimicen.”

Para entender por qué Tijuana padece perpetuamente escasez de agua, ayuda entender dónde se encuentra.

Hernando Durán es un ingeniero que dirige Tijuana Verde, una organización ambientalista. Hace más de una década, pasó seis años como director de la CESPT. Es el último funcionario en cumplir una administración completa en ese cargo 

Pone a Tijuana entre las 10 ciudades más difíciles del mundo para abastecer de agua.

Lo atribuye a que no tiene ríos permanentes. La lluvia anual promedia apenas 223 milímetros. Para 1960, cuando la población llegó a 200,000 habitantes, la ciudad ya había agotado su suministro natural de agua y se vio obligada a importarla.

“Teóricamente, ya estamos viviendo en la Hora Cero desde el 2022, 2023”, dijo Durán.  La hora cero es el punto en que la oferta ya no satisface la demanda. 

“Porque ya no tenemos agua para los que llegan” comenta.

La planta desaladora que el gobierno estatal planea construir no estará lista antes de 2029 y estima que es muy probable que una de cada ocho colonias pueda enfrentar pérdida total del suministro el próximo verano.

La escasez, no es inevitable — es cíclica, y el ciclo está impulsado tanto por la voluntad política como por las lluvias. 

Los mayores recuerdan cuando el sistema funcionaba. 

Gracias a una combinación de inversión y gestión competente, la crisis alguna vez se superó. Las bombas en las cisternas -o pilas como les conocen comúnmente- estuvieron inactivas por años. Algunas se descomponen por desuso. El problema parecía haberse resuelto.

Pero no. Había sido gestionado. Cuando esa gestión se deterioró — por el rápido crecimiento poblacional, las construcciones permitidas más rápido de lo que la infraestructura podía absorber, y la puerta giratoria de funcionarios políticos — la crisis regresó. 

Los tambos azules y los tinacos Rotoplas son sus monumentos: un recordatorio de que las promesas del gobierno sobre el agua caducan antes de que llegue la temporada seca.

Para Luis Carlos López, historiador y profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, el problema corresponde por igual a las autoridades y a los ciudadanos.

“Hay un tema de calidad cívica — del estado cívico de la sociedad”, dijo. Reconoce que durante varios años las autoridades atendieron exitosamente la escasez de agua mediante el acueducto y otras obras. Pero las quejas de los usuarios, dice, han sido en gran medida ignoradas — y la crisis hídrica es solo un síntoma de un deterioro más amplio.

“Creo que estamos teniendo tantos problemas que la situación normal ahora es tener muchos problemas”, dijo citando la inseguridad, los apagones y el crecimiento urbano desordenado.

Mario Zepeda Jacobo ha escuchado ese diagnóstico por años. Su respuesta no es la desesperación sino papeleo, asambleas y campañas de firmas.

Zepeda, coordina la Comisión Estatal Ciudadana del Agua y es presidente fundador del Consejo Ciudadano, una organización cívica estatal, que lleva más de una década intentando canalizar la frustración de la comunidad hacia un cambio estructural.

Su diagnóstico del silencio es directo. “Todo el mundo está organizado”, dijo. “La pequeña delincuencia está organizada, la gran delincuencia está organizada, los políticos están organizados en partidos, los religiosos están organizados en iglesias. Todo el mundo está organizado menos la sociedad.”

Cuando su grupo pregunta a los habitantes si quieren un representante ciudadano dentro de las agencias del agua — con facultades para auditar, intervenir y denunciar irregularidades directamente ante la ciudadanía — la respuesta es siempre la misma. “Me dicen, ‘¿Sí, dónde firmo?'”, dijo. “Lo que nos falta es posiblemente el alcance para llegar a suficiente gente.”

Es sincero sobre los límites de la protesta callejera. Su organización ha ganado batallas antes — contra un aumento del impuesto predial o contra la exclusión de Ensenada de la zona económica federal. 

Pero la energía se disipa. “La gente también se cansa. Si convocamos a una manifestación cada mes, cada vez va menos gente.” 

El objetivo, dijo, es la representación permanente — un comisario ciudadano dentro de cada organismo operador del suministro de agua, elegido por comisiones ciudadanas, que rinda cuentas a la gente y no a los políticos.

Poco después del corte de enero, representantes de organizaciones civiles, la academia, asociaciones profesionales y ciudadanos privados se reunieron en un foro público organizado por el grupo de Zepeda. Discutieron las consecuencias de la crisis y las nuevas leyes que enfatizan reconocer el agua como un derecho humano y  los acuerdos binacionales del agua compartida. Esperan coordinar esfuerzos y definir el papel de la ciudadanía en el tema.

Yolanda Rodríguez, Alejandro Marín y Agustina Barajas no sabían nada de ese foro ni de la iniciativa del señor Zepeda. Solo una de ellas había escuchado algo sobre la demanda de los abogados.

“La gente llega a un punto de desesperación”, dijo la Senora Rodriguez 

“Pero luego, regresa el agua y  hay problemas más grandes.”

El recibo, cuando llegue, no tendrá ningún descuento.