Advierten que militarizar la frontera es un “teatro político” que aumenta riesgo de violencia
La extensión de la zona militarizada hasta las montañas de Otay en el condado de San Diego representa “parte del teatro político” de la administración Trump, pero conlleva un peligro real para las personas migrantes, advirtió Pedro Ríos, director del Comité de Amigos Americanos (American Friends Service Committee), durante una conversación con Vicente Calderón.
“Es algo sin precedente, no se había visto anteriormente en otras administraciones”, afirmó Ríos sobre la decisión de convertir terrenos públicos en bases militares bajo el control de la Marina.
Esta estrategia, ya implementada en Nuevo México y Arizona, permitirá que personal militar estadounidense pueda detener directamente a personas migrantes, quienes enfrentarán cargos criminales por traspasar una base militar en lugar de las violaciones civiles que se aplicaban anteriormente.
El director del Comité expresó seria preocupación sobre la presencia de aproximadamente 7,000 efectivos militares desplegados en la frontera.
“El peligro de tener a tantos soldados en la frontera, soldados que están preparados para la guerra y no para tratar con la sociedad civil”, señaló Ríos, recordando el caso de Ezequiel Hernández, un joven de 18 años ultimado por un pelotón de marines en Texas en mayo de 1997. Hernández disparó al aire con una escopeta vieja de su abuelo cuando los marines “responden con fuerza letal”, explicó Ríos.
La justificación oficial para esta militarización contrasta con los datos sobre el terreno. La propia Patrulla Fronteriza reconoció hace una semana que tiene tan poco trabajo que sus agentes comenzarían a apoyar operativos de ICE en el interior del país. “Yo lo califico como parte del teatro político de poder usar esa excusa de que hay personas cruzando cuando no están al mismo número que mirábamos el año pasado para poco a poco empezar a quitar los derechos”, explicó Ríos.
Esta conversión de zonas fronterizas en bases militares transforma radicalmente las consecuencias legales para quienes buscan ingresar a Estados Unidos. Las personas detenidas en estos territorios ya no enfrentan procesos como violación civil, “pero ahora una violación criminal”, lo que complica significativamente la posibilidad de solicitar asilo político.
Una reciente decisión judicial en California prohibió el uso de militares en labores domésticas, dando a la administración Trump hasta el próximo lunes para apelar o retirar a los efectivos. Ríos ve en este tipo de litigios una posible vía para frenar estas medidas. Además, el Comité enfrenta nuevas restricciones para documentar su trabajo, con órdenes ejecutivas que prohíben el uso de cámaras en cortes migratorias y autoridades que intentan limitar la grabación de operativos en vías públicas.
Con la reducción de cruces fronterizos, el Comité de Amigos Americanos ha reorientado su labor hacia talleres informativos sobre derechos, patrullajes comunitarios y apoyo legal. Ríos advirtió que los ataques contra comunidades migrantes son “una plataforma como una pauta para seguir extendiendo cómo se nos empiezan a reducir los derechos, no solamente a las personas migrantes, pero a todos quienes tenemos una opinión distinta a lo que representa la acción del presidente Trump”.
El Comité de Amigos Americanos es una organización no gubernamental con décadas de experiencia defendiendo los derechos de los migrantes en la zona fronteriza.
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