Cancelación de citas con CBPOne deja a miles a la deriva

Las primeras consecuencias de las órdenes ejecutivas firmadas casi de inmediato tras de que el presidente Donald Trump tomara posesión en su segundo mandato, se sintieron en la frontera mexicana.

Fue la cancelación de la posibilidad de usar la aplicación CBP One, para agendar una cita para pedir asilo en Estados Unidos lo que impacta a miles de migrantes que esperaban lograr esa posibilidad ofrecida por el gobierno de Joe Biden desde enero del 2023, como una alternativa humana y segura para los peticionarios de refugio.

Pero solo los que tenían cita a las 5 de la mañana de este 20 de enero, los que alcanzaron este beneficio antes de que el presidente 47, cumpliera la amenaza que hizo de acabar con la que llamó la “Aplicación de Kamala” durante la contienda electoral que culminó en noviembre pasado.

“En sí creo que nadie contemplamos algo así la verdad y no tenemos un plan porque en realidad está difícil, bien complicado” dijo Silvia Martínez, una salvadoreña que tenía cita la tarde de este lunes para ingresar por el Puerto de El Chaparral en Tijuana.

Martínez quien tardó meses para lograr una cita para presentar su solicitud de asilo desde el sureño estado mexicano de Chiapas, no podía creer que el nuevo gobierno norteamericano se la cancelara tan repentinamente.

Igual que ella, Emmanuel López mostraba su incredulidad cuando otros le decían que su cita ya no era válida. Ahora – junto con otros 6 venezolanos como él – se encontraba a la deriva en una ciudad que no conoce, tras la repentina suspensión de la alternativa para  pedir asilo.

“En verdad no tengo familiares, ningún conocido aquí en México. dijo a Tijuanapress.com”.

“Entonces opciones no tengo.( ) No tengo, agregó”.

“Porque el trabajo que tenía en Ciudad de México se los dejé a mis amigos que conocí allá. Ya no tengo trabajo, igual el apartamento donde vivíamos, ya no lo tenemos”, comentó.

Es la misma situación de miles a lo largo de toda la frontera norte y en algunas ciudades como Tuxtla Gutiérrez o Tapachula, Chiapas donde se podía acceder a la solicitud de cita para asilo mediante la aplicación CBP One.

Quienes tenían cita a la una de la tarde esperaban que alguno de los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, que organizaba a las personas que habían logrado una oportunidad para pedir refugio, saliera a confirmarles lo que veían en las noticias, o que les indicaba el correo electrónico que recibieron en su celular; Que no funcionaban ya las citas que habían conseguido con CBPOne.

Pero pasaban las horas y ningún funcionario federal salió a darles explicación alguna.

Fue el titular de la dirección Municipal de Atención al Migrante, José Luís Pérez Canchola quien ingresó a las instalaciones de la garita para dialogar con el Delegado del Instituto Nacional de Migración para que atendiera al creciente número de personas que esperaban afuera de El Chaparral.

“Los migrantes nacionales o extranjeros tienen los mismos derechos que los mexicanos” dijo Pérez Canchola uno de los defensores de Derechos Humanos más reconocidos en el estado tras salir de la reunión con las autoridades migratorias de México que seguían sin dar la cara, ni a los migrantes ni a la prensa.

Posteriormente llegó la Comisión Estatal de Derechos Humanos que también ingresó al recinto portuario fronterizo.

Pero la incertidumbre entre los migrantes que tenían cita para el día de hoy y para los que la tenían programada para los días siguientes no se disipaba. Por el contrario la angustia era más evidente.

Varios de ellos comentaron a la prensa que no tenían ya recursos pues la travesía desde su país y especialmente por el territorio mexicano fue difícil, costosa y en muchos casos peligrosa.

“En este momento que apenas se inicia la situación con el nuevo presidente de Estados Unidos hay una voluntad -estamos viendo- es la voluntad de coordinar esfuerzos, estado, municipio, federación, para apoyar todas estas personas y ver cuál va a ser el final de su solicitud. Eso no depende de nosotros. Sentimos que el CBPOne está suspendido en una buena parte. Tengo testimonios de gente que le están cambiando fechas que son aquellos que están amenazados en su lugar de origen”, comentó Pérez Canchola, quien fuera el primer Procurador de Derechos Humanos de Baja California.

Presionado por los medios de comunicación que buscaban una respuesta ante la incertidumbre que expresaban los migrantes de diversas nacionalidades el funcionario municipal reconoció el derecho que tenían las personas de quedarse afuera de El Chaparral, aunque expresó que consideraba más conveniente que se “trasladaran” a los albergues que ahora les ofrecían las autoridades.

“En ese sentido el municipio va a ver la posibilidad de acomodarlos en albergues y la gente puede venir diario si quiere”, comentó.

Como había expresado en entrevistas anteriores en diversos medios, recordó que si no se les atendía, todas estas personas quedarían expuestas y podrían volverse presa fácil de los grupos criminales.

Algunos de los migrantes le daban la razón al también académico de los derechos humanos, y eran prueba de que en esta ciudad el riesgo sigue latente.

Un grupo de mujeres guatemaltecas relató que fueron engañadas para ir a un hotel de esta frontera y ahí les secuestraron.

Fue hasta que un familiar que se encuentra en Estados Unidos transfirió dinero a los secuestradores que ellas pudieron recuperar su libertad y acudieron a su cita.

Frustradas e incrédulas reclamaban la suspensión de sus citas y exigían también alguna explicación.

Más tarde llegaron funcionarios del gobierno de Baja California. Unidades de verificación vehicular fueron seguidas de furgonetas de transporte público en las que ofrecieron llevar a los solicitantes de asilo a varios albergues.

Entre ellos estaba el Carmen Serdán, al que llaman Centro Integrador del Migrante que fue instalado cuando el primer gobierno de Trump amenazó al presidente López Obraror con poner aranceles y este aceptó recibir migrantes y la primera versión del Quédate en México.

Luego empleados del INAMI con logos del programa Paisano coordinaban el traslado de los migrantes a los albergues. Adriana Espinoza Nolasco del área de asuntos prioritarios les ofrecía a algunos la alternativa de ir a los refugios.

Aunque dieron entrevistas a algunos medios, posteriormente se rehusaron a hablar sobre el transporte de los migrantes.

Nuevamente la presión de algunos medios de comunicación hicieron que otro funcionario estatal diera alguna explicación sobre los traslados.

“Están vulnerables a consecuencia de que no tienen estatus migratorio”, declaró quien se identificó como funcionario del estado pero se negó a dar su nombre.

“Corren peligro tanto de deportación o ya sea el caso de alguna violación de derechos humanos por equis o ye motivo o pues algún asalto. Aquí en Tijuana eso es muy común, que las personas no quieren albergue y luego pasan este tipo de cosas, por eso están canalizando esos lugares”, comentó mientras mencionaba que irían al albergue federal.

Algunos aceptaron la oferta de las autoridades y los que podían fueron a hoteles o encontraron alguna alternativa para quedarse.

La respuesta de las autoridades locales dejó constancia de que a pesar de las declaraciones de que estaban preparados para recibir a las personas que fueran expulsadas de las deportaciones masivas con que amenazó Trump, no había ninguna infraestructura exprofeso para ese fin.

Aun hay gente que ya está en Tijuana porque tiene cita para los siguientes días. También quienes están en tránsito para llegar al norte tras buscar ese beneficio en sur o centro del país, pues hasta el domingo al menos unas 300 personas diarias se formaban a las afueras del Chaparral en tres turnos distintos.

Ni el ayuntamiento ha rentado una nave industrial como prometió, ni el gobierno del estado tiene mayor alternativa que un limitado Santuario Migrante.

Tampoco el gobierno federal que dice tener un plan para atender a los mexicanos repatriados está listo para la cantidad de gente que quedará varada en la frontera en su búsqueda de asilo con o sin la ruta planteada por la administración Biden que era la CBPOne.

Por la noche el gobierno de Tijuana anunció que sustituyó a José Luis Pérez Canchola como director municipal de atención al migrante.