HAY QUE CONTINUAR FOMENTANDO EL RECHAZO A LA VIOLENCIA

ACNUR/Ruben Salgado Escudero.

 

En Colombia.

 

Por Noticias ONU.

Nueva York, miércoles 23 de enero de 2019.

 

Así lo afirmó este martes ante el Consejo de Seguridad el nuevo representante especial en Colombia y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en el país, Carlos Ruiz Massieu, en una reunión en la que explicó sus primeras actividades en relación al proceso de paz y presentó el último informe del Secretario General sobre la Misión.

Ruiz expresó su satisfacción por la decisión adoptada el pasado diciembre por el Gobierno de ampliar la distribución de alimentos a los excombatientes en las Zonas Territoriales de Capacitación y Reincorporación por un periodo adicional de ocho meses.

Sin embargo, mostró su preocupación e indicó que es un “desafío a corto plazo definir el estatus de las 24 Zonas Territoriales, cuya autorización actual, que expira el 15 de agosto, es una situación que genera preocupación e incertidumbre para los miles de ex miembros de las FARC-EP que habitan estos espacios”.

Continúa la reintegración política

En relación con la reintegración a la vida política de los miembros de las FARC indicó que el próximo 27 de octubre participarán por primera vez en las elecciones regionales y locales.

Pese a este avance, señaló que será necesario tomar medidas para garantizar su seguridad de prevención y que un Comité Técnico de Seguridad y Protección ya ha comenzado a trabajar en un plan de protección.

El trabajo de La Jurisdicción Especial para la Paz

Igualmente, Informó que durante el primer año de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, encargada de la justicia transicional y a cargo de los delitos cometidos en el marco del conflicto armado cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, abrió cinco casos que investigarán actos violentos que afectan a 32.000 personas.

Hasta el momento han testificado 46 miembros de las fuerzas armadas en relación con relaciones extrajudiciales, y recientemente se anunció que 31 miembros de la cúpula de las FARC también deberán comparecer para dar su testimonio sobre la responsabilidad individual y colectiva por secuestros.

Atentado en Bogotá

Ruiz recordó que el atentado perpetrado en una academia de policía en Bogotá la pasada semana por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) muestra la urgencia de finalizar la violencia en el país “y perseverar en los esfuerzos para garantizar un futuro más pacífico para todos los colombianos”.

El representante destacó el “rápido rechazo” del ataque por parte de “todo el espectro político en Colombia”, y las marchas en todo el país el pasado domingo con las que “los colombianos demostraron su consenso cada vez más amplio en torno al rechazo de la violencia que se ha destacado en los informes del Secretario General como uno de los frutos de la paz. Hay que seguir fomentando este consenso”.

Preocupan los asesinatos de líderes sociales

Asimismo, mostró su preocupación por la ola de asesinatos de dirigentes sociales durante las primeras semanas del año que se ha cobrado la vida de seis hombres y una mujer.

En este apartado, destacó que las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación apuntan a que tres cuartas partes de estos asesinatos fueron cometidos por grupos armados criminales y que el Gobierno ha activado su Plan de Acción para la protección de los dirigentes de determinados departamentos.

La reunión del Consejo también contó con la participación del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, quien resaltó que el Gobierno del presidente Iván Duque le da la mayor importancia a las garantías de seguridad de los exintegrantes de las FARC, sus líderes y los líderes de los programas de sustitución voluntaria de cultivos.

Finalmente, coincidió con el informe del Secretario General de que “el principal reto es lograr la efectiva implementación de los planes y programas diseñados para brindar a las comunidades más vulnerables, a las víctimas y a los exintegrantes de las FARC más seguridad, mejor acceso a bienes y servicios públicos de alternativas viables a las economías criminales”.

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