MÉXICO REESTRUCTURA FISCALÍA DE DELITOS CONTRA PERIODISTAS

Comunicado de prensa
del Comité para la protección
de periodistas.

Nueva York, 9 de Julio de 2010—Cambios estructurales para ampliar las atribuciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas son aún insuficientes para abordar la grave crisis de libertad de expresión en México, afirmó hoy el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés).
La ahora denominada Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión estará bajo supervisión directa del procurador general de la república y tendrá mandato para investigar crímenes contra la libertad de expresión, según el Acuerdo firmado por Procurador General Arturo Chávez Chávez. El derecho a la libertad de expresión está garantizado en los artículos 6 y 7 de la constitución mexicana.
Gustavo Salas Chávez, quien remplazó a Octavio Orellana Wiarco en febrero, continuará como fiscal en el nuevo organismo, según señalaron informes de prensa. Orellana fue ampliamente criticado por los periodistas mexicanos, quienes afirman que fue ineficiente. La anterior fiscalía era supervisada por el subprocurador de Derechos Humanos dentro de la procuraduría general y su mandato estaba limitado a los delitos contra periodistas, sin incluir la libertad de expresión.
“Si bien la decisión de fortalecer la capacidad del fiscal es un paso en la dirección correcta, la medida es inadecuada para combatir la ola de violencia sin precedentes que está limitado seriamente la cobertura informativa en México”, afirmó Carlos Lauría, coordinador senior del programa de las Américas del CPJ. “Los líderes del Congreso deben actuar de modo oportuno y aprobar legislación que federalice los crímenes contra la libertad de expresión para establecer un marco legal apropiado que proteja este derecho humano básico”.
Si bien los cambios tienen en cuenta algunas preocupaciones de larga data de grupos de de prensa locales e internacionales –incluyendo el CPJ-, los periodistas y activistas mexicanos aseguraron al CPJ que la medida es insuficiente para contrarrestar la crisis que afecta a los medios mexicanos.
El CPJ ha promovido legislación federal para proteger la libertad de expresión en México, donde más de 30 periodistas han sido asesinados y desaparecidos desde que el Presidente Felipe Calderón asumió su mandato. El asesinato es un delito del fuero común en México y las investigaciones están a cargo de procuradores de justicia estatales, quienes son más vulnerables a la corrupción y a la intimidación.
La fiscalía para delitos contra periodistas fue creada en febrero de 2006, con el apoyo del CPJ, durante la administración del Presidente Vicente Fox. Pero el organismo no ha contado con jurisdicción para investigar en la mayoría de los casos, ni competencia para actuar en forma independiente, según la investigación del CPJ.

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