JUZGUE USTED

Esta es la colaboración editorial del abogado Francisco Castro Trenti.

Cuando se cometen delitos de alto impacto social, una premisa fundamental en la investigación del delito y la persecución de los delincuentes debe ser que, si la “procuraduría no puede decir quién fue, debe, a la brevedad, decir qué pasó y cómo pasó”, sin lugar a ninguna duda.

Es entendible que en ocasiones, la gravedad del asunto, la complejidad de la investigación, las habilidades para ello, y otros factores que inciden en la persecución del delito, dilaten el resultado fundamental que se constriñe a saber quién fue, por qué, y en dónde está; sin embargo, habilidades paralelas en materia pericial -llevadas ambas de la mano-, deben resolver en un término no mayor de veinticuatro horas, el qué pasó y cómo pasó, para aportar a la averiguación previa e informar a la sociedad lo que en criminalística se conoce como la mecánica de los hechos; correctamente establecida ésta, permitirá reducir el universo de búsqueda y descartar falsas líneas de investigación.

Hay ocasiones en que la eficiencia policiaca permite capturar en flagrancia -o en cuasi flagrancia- a responsables de hechos criminales; la pronta confesión de la conducta -bajo técnicas de interrogatorio efectivas- permiten conocer los motivos, y el cómo, del evento criminal, que deben ser coincidentes y consistentes -por supuesto- con los resultados periciales obtenidos en ausencia del pillo; las pruebas conducentes, preponderantemente las técnico-científicas, permitirán someter, después, el asunto a tribunales para el eficaz procesamiento del delincuente.

Sin embargo, en otras ocasiones no es posible la pronta captura del criminal. Es entonces cuando la labor de investigación se constriñe a dos principales vertientes: la investigación policiaca -que dirá quién fue, por qué y en dónde está-, y la investigación pericial -que dirá qué pasó y cómo pasó-. Los resultados periciales habrán de marcar pauta en la investigación policiaca, dando rumbo y certeza a los investigadores reduciendo -como ya se dijo- el universo de búsqueda al descartar teorías improbables, y, en muchos de los casos, opiniones descabelladas que entran al rango de ‘ocurrencias’ o ‘disparates’.

Para esto, resulta fundamental el conocimiento y la experiencia del grupo de expertos -requisitos indispensables para el análisis y discusión forense-, aunado a una buena conducción de responsables especializados. A falta de éstos, y de una adecuada supervisión en su conjunto -que debe ser inmediata, eficaz, eficiente, profesional-, más que ayudar a la averiguación previa, se estorba a la averiguación previa.

¿Para qué sirve un trabajo pericial que no aporta nada? Para nada. ¿De qué sirve ser perito si no hay, precisamente, pericia? De nada. ¿De que sirve ser perito, si no hay, además, conducta eficiente y actitud comprometida con la excelencia en el servicio público? De nada.

Estas reflexiones vienen a colación, porque es indudable que el servicio pericial de la PGJE es inútil, estéril, irrelevante y, en muchas ocasiones, irresponsable. Salvo contadísimas excepciones que se podrían contar con los dedos de una mano -y sobrarían, claro-, la mayoría de las intervenciones son así, amorfas incluso, sin coherencia ni congruencia. Sin resultados y, por supuesto, irrelevantes.

El olvido de indicios y evidencias es sorprendente, en donde ejemplos hay muchos, y muy diversos. Desde el asunto de la ‘casa de la cúpula’ cuando infinidad de indicios balísticos fueron no localizados en la escena, hasta la reciente agresión a policías en las inmediaciones de la gasera, de los que se ha dado cuenta en los noticiarios, particularmente por Maricarmen Flores.

De cuerpos de niños calcinados tampoco localizados, extremidades olvidadas en diversas escenas del crimen, intercambio de cabezas en cuerpos decapitados entregados así a sus deudos, y varias negligencias más, se ha dado cuenta, también, y no pasa nada. Nadie tiene la culpa de nada, y no hay autoridad que finque responsabilidad administrativa o penal, incluso. Vaya, ni siquiera el cese de los ineptos, aunque igual de ineptos sean quienes los mandan. Quizá la misma ineptitud les impide pensar siquiera en ello.

El caso más grave, y más reciente, se ha dado con motivo de la muerte de la jovencita, estudiante, Yazmín. Los ‘resultados periciales’ fueron hechos trizas, a detalle, con lógica criminalística, congruencia y sustento, por Maricarmen Flores, en el noticiario. Quizá podría ser difícil establecer de que arma en específico salió la bala que mató a la niña, si la mortal lesión tuvo entrada y salida; pero, por la distancia, sí podría determinarse el calibre de las armas que pudieron haberla percutido, y reducir así la búsqueda. Pero más que eso, la mecánica de los hechos debiera ser clara, transparente, convincente, y sustentada, sin olvidar que en criminalística, “las verdades no se dicen; se prueban”. Debiera, peero…

¿Podrá seguir engañado, el procurador, de que las cosas -en materia pericial- están bien? ¿Podrá afirmarlo así, como lo hizo durante la glosa? No lo creo. (De la glosa hablaremos después, a detalle, en la que el comportamiento de los diputados barcos -en su mayoría- fue penoso, de vergüenza, y lamentable).

Tanta incompetencia y negligencia tiene varias causas que la explican. Vea usted algunas.

La Jefatura de Servicios Periciales en Tijuana está acéfala, desde abril de este año, encargada en su atención y despacho a una perito; quién estaba al cargo fue removido a Tecate -por ineficacia y hostigamientos diversos-, aunque sigue recibiendo el sueldo de cuarenta mil pesos, correspondientes al cargo de jefe en Tijuana, cuándo el trabajo no representa, siquiera, el 2.5% de la carga de ésta ciudad, sin hablar de su complejidad y trascendencia. O sea, recibe un sueldo que no le corresponde, y quién debiera recibirlo, no lo tiene.

Además, la capacitación a los peritos es muy cuestionable. Recientemente, una perito en criminalística que debía asistir a un curso en España, fue ‘convencida’ de ceder sus viáticos, cobrados a su nombre, para que viajara quién no es, incluso, empleado de la PGJE, permitiendo que el paseo de la titular fuera completo. Pero eso sí, a cambio, la perito ‘cedente’ obtuvo la constancia española de asistencia, fraudulenta tanto para quién la gestionó, para quién la recibió, y para quién le fue mostrada. Bárbaros.

Los recursos oficiales son para ser bien ejercidos, y administrados lícitamente. La línea entre la mala administración y la malversación de fondos es muy frágil; habrá que ver qué hacen tanto Asuntos Internos como la Contraloría del Estado, quiénes, de oficio, deben investigar los hechos ilícitos o incorrectos, teniendo conocimiento de ellos.

Tanto los cargos como los sueldos indebidamente cobrados, allí están; de la vacante, cubriéndose ‘por instrucción’, hay prueba plena. De la constancia fraudulenta, también. Dicen que “el buen juez por su casa empieza”; en este caso debiera ser, “el buen fiscal”. Continuará.

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