México y EE.UU. se unen para construir planta desalinizadora

“Un banco internacional afirma que la planta se construye para reducir la dependencia de Tijuana del menguante río Colorado.”

Por Vicente Calderón y MacKenzie Elmer.

Foto: SEPROA.

México dice que -finalmente- contratará a una empresa para construir la planta que convertirá el agua del mar en agua potable en Playas de Rosarito, reviviendo una idea archivada hace años, tras multitudinarias protestas por la privatización del agua. 

Así reduciría la cantidad de agua que México extrae del río Colorado, que nace en Estados Unidos y ayudaría a abastecer a las ciudades que la necesitan.

Las autoridades informan que la construcción podría comenzar el 1 de agosto, según un sitio web de proyectos federales mexicanos, pero el gobierno aún no ha seleccionado al consorcio que la construiría.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció planes para reanudar el proyecto de la planta desalinizadora en mayo de 2025. Pero varios intentos de su administración para conseguir un constructor privado han fracasado.

En marzo, el Banco de Desarrollo de América del Norte —un banco especial creado por Estados Unidos y México para reunir partes iguales de inversión en proyectos de infraestructura— anunció que prestaría a México 114 millones de dólares para construir y reforzar las tuberías y bombas que necesita la planta para llevar agua a las ciudades de  Baja California que experimentan un rápido crecimiento y una mayor demanda del liquido.

El agua de mar tratada, según el banco, reemplazaría parte del agua del río Colorado a la que México tiene derecho bajo un tratado con Estados Unidos.

“La única fuente de agua para Baja California es el río Colorado”, dijo la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, durante una conferencia de prensa el 18 de marzo de este año.

Sin embargo, la desalinización es una de las formas más costosas para generar agua nueva, principalmente porque el proceso de separar la sal del agua requiere enormes cantidades de energía. Pero los políticos mexicanos prometen que no se pasará el costo a los ciudadanos.

“La necesidad de construir una planta desalinizadora es real y lo estamos haciendo sin impacto en las tarifas, sino garantizando el abasto de agua para los próximos 30 años”, dijo Marina del Pilar Ávila.

Las preocupaciones sobre ese encarecimiento, sumadas a una propuesta de eventualmente vender agua desalinizada de Rosarito a Estados Unidos, frustraron el proyecto en el pasado.

En papel, el nuevo proyecto parece una situación de ganar- ganar  para los mexicanos.

Construir una fuente de agua dulce en la costa significaría que Tijuana y otros centros urbanos dependerían menos de bombear agua del río Colorado a través de un acueducto de 78 millas desde la zona de Mexicali, según afirman los documentos de financiamiento del banco. Eso es clave mientras los siete estados de EE.UU. y dos del norte de México, que dependen en gran medida del río Colorado, enfrentan una sequía cada vez más intensa y la sobreexplotación de esa fuente.

La planta significa un ahorro de energía de hasta 36 por ciento, a decir del banco, porque bombear agua desde una planta cercana a las ciudades que la necesitan usaría menos energía que bombearla a través del desierto desde Mexicali por el acueducto. El banco también afirma que la nueva agua desalinizada no generaría nueva demanda de agua ni más aguas residuales.

Pero los críticos de estas grandes plantas desalinizadoras temen que sí lo haga.

Las licitaciones desiertas

El gobierno federal mexicano ha intentado seleccionar a una empresa privada mediante licitación para construir la planta desde mayo de 2025. Pero la Comisión Nacional del Agua de México (Conagua) rechazó todas las ofertas presentadas durante dos rondas de competencia, citando que ninguna cumplía con los requisitos legales, técnicos o financieros del gobierno.

Tres consorcios de empresas están ahora en competencia en un tercer intento de licitación, uno de los cuales incluye a la misma compañía que opera la planta desalinizadora de Carlsbad, en el condado de San Diego, California.

Acciona Agua México, una empresa española que construye plantas desalinizadoras y proyectos de energía renovable en todo el mundo, obtuvo la puntuación más alta en rondas anteriores de licitación, ofreciendo construir el proyecto por unos 418 millones de dólares.

Tecno Arrendamientos y Construcciones, que quedó en sexto lugar en una licitación anterior, llegó a la tercera ronda. Ofreció construir la planta por unos 433 millones de dólares. Dentro de su consorcio de empresas está IDE Water México, subsidiaria de la compañía israelí que actualmente opera la planta desalinizadora de Carlsbad.

El último postor es Cox Energy, que quedó en tercer lugar en la licitación inicial y originalmente ofreció construir la planta al costo más bajo, alrededor de 306 millones de dólares.

Acciona acaba de construir una planta desalinizadora en Los Cabos, Baja California Sur, en la punta misma de la península. Pero la planta que se propone en Rosarito es ocho veces más grande que la de Los Cabos.

La empresa que gane esta licitación estará a cargo de construir -para el gobierno federal -la planta en sí y la bomba principal que impulsa el agua hacia el sistema de distribución. Pero el gobierno estatal de Baja California estará a cargo de contratar a otra empresa privada, o varias, para construir el sistema que lleve el agua a las ciudades, financiado por el Banco de Desarrollo de América del Norte.

Lucha histórica por construir la planta desalinizadora en Rosarito

Esta no es la única planta desalinizadora en Baja California. Hay varias en todo el estado, pero son pequeñas en comparación con lo que se propone en Rosarito.

La planta de Rosarito sería del tamaño de la planta desalinizadora que opera en Carlsbad, que tiene la capacidad de producir 50 millones de galones al día y actualmente le proporciona a San Diego alrededor del 10 por ciento de sus necesidades de agua potable.

Pero está tan prometida instalación podría eventualmente crecer más que eso. Según documentos del proyecto en un sitio web federal mexicano, la de Playas de Rosarito, de 50 millones de galones diarios, es solo la primera fase.

No está claro cómo sería una segunda fase o expansión de la planta de Rosarito.

Esta idea no es nueva. México intentó construir una planta en 2016, cuando Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid era gobernador de Baja California. En ese momento, se promovió como la planta desalinizadora más grande de América Latina.

En vísperas de su eventual construcción, la oposición política advirtió que el gobierno intentaba privatizar el agua, aumentar las tarifas y vender esa agua a Estados Unidos. Estallaron protestas masivas en varias ciudades de Baja California. Un nuevo gobernador, Jaime Bonilla Valdez, asumió el cargo y canceló el proyecto en 2020, desatando una batalla legal entre la empresa que quería construirlo y el gobierno.

Después de que Bonilla lo cancelara, vino el litigio con Consolidated Water, la empresa que iba a construir el proyecto. El entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, revivió el plan como financiamiento y operación del gobierno federal. Cuando Sheinbaum asumió la presidencia en 2024, decidió ejecutar ese plan.

El 25 de junio, hablando desde el Palacio Nacional, Sheinbaum dijo que la planta desalinizadora es “la única manera” de garantizar el agua para Tijuana y Rosarito.

Pero hay voces -de ambos lados de la frontera- que argumentan que Baja California debería primero reciclar sus aguas residuales antes de invertir en desalinización, que aseguran, es   mucho más cara.

La mayor parte de las aguas residuales de Tijuana, termina en Estados Unidos donde es tratada en la planta internacional de San Ysidro, otra se desecha en el océano en México o contamina San Diego a través del río Tijuana.

“La planta desalinizadora no es la solución… porque el agua que extraen terminará de nuevo en tuberías rotas”, dijo Jessica Castañeda, ingeniera que trabaja en el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, una organización de desarrollo sustentable.

Un experto de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) sobre el río Tijuana escribió un editorial en el periodico San Diego Union-Tribune a principios de este año, advirtiendo que la adición de una planta desalinizadora de este tamaño a la región amenazaba con empeorar el problema de contaminación del río Tijuana al agregar una gran cantidad de agua nueva al sistema.

“Gastar millones para producir agua desalinizada solo para luego descargarla de vuelta al océano tras un solo uso parece una locura”, escribió Doug Liden, quien trabajó para la Oficina Fronteriza de San Diego de la Agencia de Protección al Ambiente, EPA por sus siglas en inglés. 

“Más loco aún: la principal planta de tratamiento de aguas residuales de Tijuana descarga al océano a sólo unas millas al norte de donde la propuesta planta desalinizadora de Rosarito extraerá su agua de mar”.