36 millones de dólares después hay terreno y proyecto pero no desaladora en Rosarito

El gobierno de Baja California pagará al menos 20 millones de pesos, (un millón 180 mil dólares aproximadamente) por la  “documentación del proyecto”  para la planta desalinizadora que construiría la empresa Aguas de Rosarito, subsidiaria de “Consolidated Waters”  en el municipio de Playas de Rosarito.

El pago está especificado en el convenio de avenencia firmado por la empresa originalmente fundada en Países Bajos y las autoridades bajacalifornianas y que contó con la comparecencia del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., en calidad de fiduciario, lo que también queda consignado en dicho acuerdo.

El gasto por lo que sería el proyecto ejecutivo de la desalinizadora no fue mencionado en el comunicado distribuido el fin de semana en el que la Secretaría de Hacienda de Baja California y su titular Marco Moreno Mexía dieron a conocer solo la parte del convenio que dice que el gobierno federal pagará más de 596 millones de pesos por el terreno donde se construirá una planta desalinizadora próximamente pero sin la participación de Consolidated Waters ni ninguna de sus subsidiarias.

El texto del acuerdo en su cuarta cláusula especifica:

 “Compra de la Documentación del Proyecto. 

Dentro de los diez días hábiles posteriores a la Fecha del Cierre, el Gobierno de BC y NSC celebrarán un contrato de compraventa bajo términos aceptables para NSC, en virtud del cual el Gobierno de BC le pagará a NSC la cantidad de MXN $20,000,000 (más, de resultar aplicable, un monto calculado de conformidad con el Incremento por Tipo de Cambio, definido a continuación) para comprar la documentación de NSC con respecto al proyecto desalinizador que desarrollarían NCS, CW y AdR (Aguas de Rosarito)  en el Terreno (la “Documentación del Proyecto”).”   

La empresa Consolidated Waters fue mucho más clara pues precisó que recibirá más de 616 millones de pesos por la venta del terreno y los documentos del proyecto, según consta en un boletín de prensa fechado el 4 de junio pasado.

“Según el acuerdo de conciliación, la filial mexicana de CW-Coöperatief, N.S.C. Agua, S.A. de C.V. (“NSC”) venderá las 20,1 hectáreas de terreno en las que se iba a construir la planta del Proyecto, incluidos los derechos de paso relacionados (el “Terreno”) y cierta documentación propiedad de NSC relacionada con el Proyecto (“Documentación del Proyecto”). por un precio agregado de MXN$616,144,000 (o aproximadamente US$36,351,000 con base en el tipo de cambio MXN$-US$ publicado por el Banco de México en la Fecha de Liquidación).” dice el comunicado publicado en la página electrónica de la empresa Holandesa. 

Vicente Sánchez, investigador del Colegio de la Frontera Norte y quien ha realizado varias trabajos relacionados a los problemática hídrica en Baja California y otras entidades del país ve positivo que se haya resuelto el conflicto en el que los inversionistas recurrieron al arbitraje internacional 

Esto sucedió tras de que la administración del gobernador Jaime Bonilla cancelara el contrato que firmaron en la administración de su antecesor el panista Francisco Kiko Vega para que Consolidated Waters construyera una planta desalinizadora de grandes dimensiones que operaría bajo la figura de una asociación público privada.

“Creo que tiene más ventajas en el sentido de que no sería tan oneroso en términos de los  intereses que tendrías que estar pagando” dijo el académico entrevistado vía telefónica aclarando que recién había visto la nota sobre lo anunciado solo por el gobierno estatal.

Aclaró que esta negociación ya había sido ventilada en diversas conferencias de prensa matutinas de la gobernadora y en notas periodísticas de donde recordó algunos aspectos. 

“El gobierno federal estaba ya de acuerdo en que se hiciera y que lo iba a apoyar”  explicó el investigador en referencia al aval del gobierno federal para resolver la disputa por el incumplimiento del contrato en que incurrió el gobierno fronterizo.

“Estaba dispuesto a financiar pero con la condición de que se rompiera aquel trato que había de la posibilidad de que se exportara agua a San Diego” agregó el profesor adscrito al departamento de Estudios de Administración Pública del COLEF.

Tijuanapress.com buscó a funcionarios del gobierno estatal para averiguar más sobre el uso que darán al proyecto que costará más de un millón de dólares y el papel que esto tendría en las licitaciones de las que han hablado en términos muy generales las autoridades pero no hubo respuesta.

Al  Dr. Sánchez tampoco le sorprende la falta de transparencia que ha mostrado esta administración estatal o la federal sobre obras de infraestructura 

 “Sobre todo en estos temas que ( ) son fundamentales para nuestra vida cotidiana deberían ser más abiertos en términos de las disponibilidad de la información para el público” dijo  Sánchez Munguia.

La empresa dedicada al desarrollo y operación de sistemas avanzados de suministro de agua en varios países aceptó renunciar al arbitraje internacional y que no hubiera mayores penalidades por la cancelación contractual a cambio de los pagos programados a partir del 10 de junio del 2024.

Consolidated Waters y sus subdsidiarias adquirieron el terreno para la construcción de la planta desalinizadora mediante una serie de transacciones que iniciaron en 2012 por un monto aproximado de 24.2 millones de dólares. 12 años después venderán el terreno junto con documentos del poyecto por más de 36 millones de dólares.

La licitación para la construcción de otra planta desalinizadora deberían iniciar en los meses siguientes según lo declarado por las autoridades de Baja California.

MacKenzie Elmer de Voice of San Diego colaboró para la elaboración de esta nota.