¿Agenda individual o bilateral? A 50 años de la DEA

Por José María Ramos / Investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF).

Foto: Cortesía deamuseum.org

La semana pasada de nuevo se efectuaron algunas audiencias en el Congreso
estadounidense, en las cuales se cuestionó el papel de los grupos delictivos mexicanos.

Entre ellas destacó la comparecencia de Anthony Blinken, secretario de Estado.
Adicionalmente se publicó un Informe de la DEA (Administración de Control de Drogas) –
24 marzo 2023- en el cual se fundamentó el auge de los grupos criminales en varias
ciudades mexicanas, en especial de los carteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación
(CJNG).

La DEA cumple este año 50 años -1 julio 2023- de haberse fundado, desde
entonces la agenda con México es una de las más importantes en el ámbito internacional.

En el primer caso, en una comparecencia el pasado miércoles 22 marzo ante el Comité de
Asignaciones del Senado, el secretario Anthony Blinken fue cuestionado por el senador
republicano Lindsey Graham si los cárteles, y no el Gobierno mexicano, tienen el control
de partes de México. Nuevamente interrogado por Graham acerca de la efectividad de las
políticas de lucha contra los cárteles, Blinken consideró que es necesario “hacer más” para
combatir esa violencia (El País, 22 marzo 2023).

Desde la perspectiva del secretario Blinken uno de las estrategias en los que Estados
Unidos puede colaborar con México para combatir el tráfico del fentanilo es dotar a los
puestos fronterizos de la tecnología más moderna para detectar la presencia de esa
sustancia (El País, ibídem).

Desde su perspectiva, el 96% del volumen que entra en Estados Unidos lo hace por los

puestos fronterizos estadounidenses.

El secretario de Estado también mencionó que designar a los cárteles de la droga organizaciones
terroristas no es la mejor estrategia para combatir el tráfico de drogas hacia Estados
Unidos.

Igualmente la portavoz del presidente Biden, Karine Jean-Pierre, descartaba de
nuevo este miércoles 22 de marzo en su rueda de prensa diaria la propuesta de
catalogarlos como terroristas a los grupos delictivos mexicanos (El País, ibídem).

La comparecencia del secretario Blinken reiteró los lugares comunes del posicionamiento
de algunos congresistas estadounidenses hacia México.

Los cuales no consideran entre otros elementos: la existencia de una estrategia binacional

en proceso de implementación vía el Acuerdo Bicentenario; el alto consumo de drogas

sintéticas en Estados Unidos por el fracaso de la política de prevención y reducción del

consumo; las escasas acciones del gobierno de Estados Unidos contra los grupos delictivos

que distribuyen las drogas sintéticas en territorio estadounidense.

Acorde con el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes
2021 (INCSR por sus siglas en inglés), elaborado por el Departamento de Estado se revela
que en todo 2019 se registraron en ese país 72 mil muertes por sobredosis (DW, 22 marzo
2021).

En 2020, tan solo de enero a mayo, la cifra llegó a 80 mil. México se encuentra en
la lista de 22 países donde ocurre la mayor producción y tráfico de drogas del planeta.

El aumento de la distribución de drogas sintéticas por parte de los carteles mexicanos está
comprobado por el número de decomisos de parte del gobierno de Estados Unidos.

En 2019, en la frontera con México, se decomisaron vía terrestre 1.187 kilos del fentanilo; en
2020 decomisaron más del doble, 2.939 kilos.

Por vía aérea en 2017 provenientes de México se incautaron 49 kilos, y en 2020, 71

(DW, ibídem).

Para el año fiscal de 2022 (octubre 2021 a septiembre 2022), las autoridades fronterizas

estadounidenses decomisaron 155 mil kilogramos (kgs) de mariguana, mientras que de

metanfetaminas fueron 175 mil kgs, en cambio de cocaína 70.3 mil kgs y de fentanilo

se decomisó una cantidad inferior: 14.7 mil kgs (CBP, 2023).

En cambio de octubre de 2022 a febrero de 2023 los mayores decomisos siguen siendo

de mariguana (55.8 mil kgs) y metanfetaminas (59.2 mil kgs) (CBP, ibídem).

Hay que destacar que los principales actores que generan el trasiego del fentanilo hacia
Estados Unidos son de origen estadounidense o mexicano- estadounidenses. Lo mismo
sucede con los traficantes de migrantes irregulares.

En suma, los posiciones de los congresistas estadounidenses están sesgadas y no reconocen

que el problema del tráfico de drogas es global, transnacional (Bailey y Chabat, 2002), regional,

binacional y transfronterizo.

El Informe de la DEA del pasado 24 marzo refleja el fracaso de la Iniciativa Mérida, época
de la gestión del ex secretario Genaro García Luna, que si bien detuvieron y erradicaron al
Cartel de Tijuana, permitieron el auge de otros grupos como los carteles de Sinaloa y
Jalisco (CJNG).

La DEA fue creada en 1973 por el presidente Richard Nixon con los objetivos de controlar,

reprimir y disminuir el suministro, distribución y consumo de narcóticos en Estados Unidos,

mediante la aplicación de estrictas leyes y programas conjuntos en los países donde se produce

y por donde transita la droga.

En el caso de
México, tales objetivos en lugar de disminuir el tráfico de drogas ilícitas han aumentado
tanto a territorio mexicano como estadounidense en los últimos 50 años.

El Informe de la DEA es una respuesta a la solicitud del senador Chuck Grassley –
republicano por Iowa- quien a través de una carta, pidió a la DEA y al FBI que informarán
de toda la información que tenían respecto al ex secretario Genaro García Luna, (El
Financiero, 23 febrero 2023), ya que se sospecha que ambas agencias toleraron las
actividades del ex secretario mexicano.

El Informe de la DEA (marzo 2023) también refleja de manera implícita la ausencia de una
estrategia de investigación e inteligencia binacional para erradicar el avance de los grupos
crimínales, tanto en México como en Estados Unidos. Si bien la DEA tiene una presencia
en cerca de 10 ciudades mexicanas, desde la época del asesinato del agente de la DEA
Enrique Camarena (1985) su impacto en lugar de reducir la actividad delictiva, sigue
aumentando. Un indicador se refleja en el tráfico internacional y binacional del fentanilo
hacia México y luego Estados Unidos.

También la DEA se ha caracterizado por casos de corrupción: despidió el año pasado
–marzo 2022- a su director en México, Nicholas Palmeri, por sus nexos con abogados que
defienden a narcotraficantes. En marzo de este año el Departamento de Justicia ya había
anunciado otra investigación de su Oficina de Asuntos Internos contra Palmieri por “uso de
fondos de la lucha contra las drogas para propósitos inapropiados” (El País, 29 enero

2023). En 2020, uno de sus agentes – José Irizarry- fue condenado a 12 años de cárcel
por lavado de dinero para los carteles colombianos (Los Angeles Times, 24 marzo 2023).

Con el arribo del presidente López Obrador se decidió cerrar la unidad de élite de la policía
mexicana de investigación antidroga, que durante más de 25 años trabajó con la DEA. El
presidente defendió su decisión acusando a la DEA de “estar infiltrado por la delincuencia.
(El País, ibídem).

Después de casi dos años y de haber gastado por lo menos 1,4 millones de dólares, la
DEA –a través de su administradora, Anne Milgram- publicó el viernes 24 marzo una
revisión externa a sus operaciones en el extranjero que dio poca importancia a los
recientes escándalos de corrupción de la DEA y ofreció una serie de recomendaciones
demasiado generales (Washington Post. 24 marzo 2023).

Como se aprecia el papel de la DEA ha sido muy cuestionable a 50 años de su fundación,
lo que implica mejorar la eficacia global y transnacional del combate a las drogas con una
estrategia tanto policiaca, pero especialmente en materia de prevención y tratamiento,
con la finalidad de reducir el alto consumo de opiáceos que caracteriza a la sociedad
estadounidense.