LA LEY CONTRA LA PRENSA
Algunos medios se unen en defensa de la libertad de expresión.
Por Vicente Calderón.
Tijuana, lunes 28 de octubre de 2019.
El uso de la ley para presionar a empresas periodísticas y reporteros parece ser una práctica que se está volviendo más frecuente.
Recientemente el investigador y columnista Sergio Aguayo fue condenado pór un juez a pagar 10 millones de pesos al ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira, argumentando “daño moral”.
Aguayo anunció que interpondrá un amparo ante la resolución del tribunal en un litigio que inició en 2016 y donde previamente otras instancias habían fallado a favor del columnista.
También en este mes de octubre se anunció que otro ex-gobernador, Francisco Labastida quien encabezara la administración estatal de Sinaloa de 1867 a 1992 amenazó a medios y organizaciones sociales por la publicación del reportaje titulado “Operación desfalco Sinaloa”.
En una carta rechazó los señalamientos en su contra y advirtió que revisaba las alternativas legales para demandarles.
Ante casos como estos varios medios de comunicación y periodistas se ha organizado para difundir los reportajes y publicaciones de algunos medios que enfrentan este tipo de reacciones.
Así lo han hecho en el caso de la revista Proceso a la que un juez le prohibió
publicar sobre la demanda de que fue objeto por parte del empresario y fundador de la cadena de televisión TV Azteca.
A continuación el texto compartido por distintos medios en México:
A raíz del reportaje “Salinas Pliego, el magnate que movió los hilos de la estafa Pemex-Fertinal” publicado por la revista Proceso en julio de este año (edición 2229), el multimillonario y su empresa Banco Azteca demandaron al semanario acusando que su divulgación es parte de una campaña de desprestigio que atenta contra el honor y buena reputación.
Lo anterior se puede constatar en el Boletín Judicial del pasado viernes 11 de octubre, instrumento de acceso público a través del cuál se advierten como demandantes o actores de la demanda de daño moral a – Ricardo Salinas Pliego y Banco Azteca– así como de los demandados –Comunicación e Información, S.A. de C.V., Rafael Rodríguez Castañeda, Homero Campa Butrón y Mathieu Pierre Olivier Tourliere–.
De acuerdo a lo narrado por la propia revista, hoy víctima de persecución judicial, el juez Rodrigo Cortés Domínguez Toledano, del Juzgado 62º de lo Civil de la Ciudad de México, emitió una orden para que Proceso no publicara información relacionada con el juicio, una acción que se califica de censura previa, y que atenta contra el derecho a la información de la sociedad.
LA CENSURA NO ES UNA OPCIÓN, por ello, medios mexicanos nos sumamos a difundir, de nueva cuenta, la integralidad de la información publicada por Proceso, que es de interés público para la sociedad, y necesaria para el avance de un verdadero estado democrático dónde la prensa observa y escrutina al poder.
Nos solidaridarizamos con la revista que hoy enfrenta un juicio y en contra de quienes pretenden se oculte información que le pertenece a la sociedad.
Estos actos no sólo representan una intimidación para el libre ejercicio periodístico, atentan contra el derecho a la información, tienen la intención clara de limitar el debate público y la participación cívica.
Texto El Magnate Proceso 2229 by Lucia Vergara Garcia on Scribd