AMENAZAS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN REÚNEN A PERIODISTAS

Por Daniel Angel Rubio

Tijuana, lunes 5 de diciembre de 2016.

 

Periodistas del estado exigieron una alto al hostigamiento del gobierno estatal que está usando el dinero público para limitar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada.

Adela Navarro, coeditora del Semanario Zeta, destacó que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid no ha respondido con la investigación que corresponde al desplegado en el que fue revelado un plan para desprestigiar a reporteros que critican a su gobierno.

“Nos ha ignorado, ha intentado que el tema se olvide”, dijo en una reunión de trabajo a la que respondieron decenas de comunicadores tanto independientes como de diferentes empresas.

Señaló que el Secretario de Gobierno Francisco Rueda Gómez se comunicó con ella por la amenaza del crimen organizado en contra del semanario, pero evadió hablar de este otro tema.

Dora Elena Cortés, Directora de Agencia Fronteriza de Noticias (AFN),  destacó que es claro que se trata de una estrategia del gobierno del estado para callar a periodistas.

Reveló que ha habido intentos de la Dirección de Comunicación Social de “llegar a un acuerdo”  para detener el conflicto generado por el manejo del presupuesto que hace el Director de Imagen y Publicidad, Jorge Alberto Cornejo Manzo.

“No se trata como han dicho algunos voceros del gobierno del estado, que estamos pidiendo dinero”, subrayó, sino de defender el derecho a “decir, criticar y publicar”.

“Estamos enfrentando una embestida como hacía mucho no se veía”, destacó la comunicadora al afirmar que se trata de una política del gobierno de Francisco Vega.

Mireya Cuellar, Directora de La Jornada Baja California, destacó que se trata de defender la libertad de expresión y de definir la relación de la prensa con el gobierno de Baja California.

“El dinero que maneja comunicación social del gobierno del estado, no es de Kiko Vega, no es para el manejo del gobernador, de su buena imagen”, resaltó.

En la misma reunión fue tratada la denuncia contra el periodista Antonio Heras por un supuesto delito de fraude, con lo que intentaban detenerlo públicamente para exhibirlo, de acuerdo con lo dado a conocer por la Directora de La Jornada Baja California.

El acuerdo final fue dar seguimiento a la exigencia de respuesta del gobierno estatal,  recurrir a organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y buscar los medios legales para denunciar al gobierno del estado.

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