EEUU y Venezuela: Narcoterrorismo
Por José María Ramos, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte.
La detención del expresidente Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos acusaciones de narcoterrorismo se enmarca en un contexto internacional y doméstico complejo.
Las imputaciones, que lo vinculan con redes de narcotráfico y supuesta colaboración con grupos insurgentes, cobran mayor relevancia tras una orden ejecutiva estadounidense que califica a ciertas organizaciones del crimen organizado como terroristas, ampliando herramientas coercitivas como sanciones y cooperación judicial.
Sin embargo, estas medidas plantean desafíos de derecho internacional: respeto a la soberanía, debido proceso, competencia jurisdiccional y garantías de derechos humanos, especialmente en procesos penales contra exmandatarios. El dilema radica en cómo conciliar los déficits de corrupción, el combate al narco tráfico y la nueva agenda de seguridad nacional de Estados Unidos en materia de combate al narco tráfico.
Internamente, la fuerte oposición venezolana ha denunciado corrupción sistemática, captura del Estado y mala gestión que erosionaron servicios públicos y oportunidades laborales. Ese deterioro económico motivó la emigración masiva de cerca de ocho millones de venezolanos, generando presiones humanitarias y sociales en países receptores, tensiones en sistemas de salud y educación, y riesgos de xenofobia y vulnerabilidad para los migrantes.
En conjunto, la detención de Maduro, la orden ejecutiva, las denuncias opositoras de corrupción y el éxodo por falta de empleo son fenómenos interrelacionados que exigen respuestas multilaterales. La comunidad internacional debe equilibrar la búsqueda de justicia y seguridad con el respeto al derecho internacional y la provisión de asistencia humanitaria para gestionar las causas y consecuencias de la crisis venezolana.