SEIS MESES PARA INVESTIGAR ATAQUE A POLICÍAS DE LA GESI

Donde mataron a un oficia

Por Vicente Calderón.

Tijuana, miércoles 29 de enero de 2020.

 

La defensa no presentó argumentos a favor de los 4 hombres que fueron acusados por el homicidio de Antonio Reyes Nahón,  agente de la Guardia estatal de seguridad (antes PEP) por lo que se mantiene la prisión preventiva impuesta por la jueza Claudia Pamela Tom Jiménez.

En la audiencia celebrada en la sala 4 del poder judicial en Tijuana la magistrada fijó un plazo de 6 meses para la investigación por dos delitos de homicidio calificado con ventaja debido a que en el incidente con el que se les relaciona murió asesinado también a Jesús Héctor Cabrera Mendoza quien atendía a los policías estatales que se encontraban cenando en una carreta de «hot dogs».

Además enfrentan cargos por homicidio en grado de tentativa por las lesiones causadas a los agentes que se encontraban con los difuntos, pero que sobrevivieron cuando se resguardaron en una patrulla.

El abogado Felipe Alfredo Vázquez Vara dijo que no hubo testigos dispuestos a declarar sobre la detención individual de sus defendidos. Casi al final de la audiencia pidió acceso a todas los elementos de investigación como casquillos, armas, vestimenta, el auto que se supone utilizaron en el ataque , así como las pruebas periciales y de criminalísticas para realizar la defensa.

La fiscalía aportó los testimonios de dos de los agentes que sobrevivieron al ataque, las declaraciones de los agentes municipales que detuvieron a los imputados.

También se apoya en las pruebas periciales realizadas en el lugar del crimen ocurrido el miércoles 22 de enero sobre el boulevard Díaz Ordáz frente a la centro comercial Plaza Benton.

Durante la lectura que hiciera la jueza de control se mencionó también que las armas utilizadas en el ataque, tras ser sometidas a los exámenes balísticos resultaron relacionadas con otros crímenes.

La mañana posterior al multiple crimen, las autoridades informaron que los detenidos habían sido asegurados tras una persecución durante la cual dispararon contra unidades de la policía municipal que respondieron al reporte de que sus colegas estatales habían sido agredidos.

El informe policial indica que los sospechosos chocaron la camioneta Honda Pilot en la que circulaban. Los municipales refieren que ese vehículo coincidía con el descrito en la llamada de auxilio y vieron que iban en él 4 personas como indicaron por la radiofrecuencia.

Los agentes informaron que los sospechosos tenían en su poder un rifle de asalto AK 47 y un AR-15.

Antes de concluir la segunda comparecencia ante la juez, solicitada por la defensa mediante la ampliación del plaza constitucional se pidió rectificar que a Juan Manuel no le encontraron en posesión de un arma 9 mm. como se había asentado anteriormente sino que esa pistola era la de cargo, de uno de los policías que participaron en la detención.

Concluida la audiencia, el abogado Vazquez Vara dijo a los medios de comunicación presentes que sus clientes son víctimas de una injusticia.

Asegura que les hicieron pruebas sin respetar los derechos de los acusados, que previamente estuvieron representados por defensores de oficio.

«Veníamos a algo que ya estaba cuadrado» dijo el abogado mientras explicó que esperará a poder revisar todo lo aportado por la fiscalía.

«La base de la defensa es la contradicción» comentó al referirse a la estrategia que expondrá durante el proceso.

Cuestionado sobre los antecedentes o actividades de los imputados se negó a responder. Solo comentó que el mayor de ellos, Juan Manuel dice dedicarse al reciclaje por la zona donde lo capturaron y consideró que su detención fue arbitraria.

 

LOS ANTECEDENTES

El ataque a los policías ha sido relacionado de manera extraoficial con delincuencia organizada y actos de corrupción.

Al interior de las corporaciones policiacas hablan de un robo de droga como antecedente del ataque.

Desde su campaña, Jaime Bonilla -el actual gobernador de Baja California- recurrentemente acusó a la corporación  de donde provienen los agentes agredidos de corrupta.

Pero al llegar al poder cumplió su promesa de desaparecerla pero en realidad solo cambió el nombre y movió a los mandos y pintó algunas patrullas azules para que ahora fueran color guinda.

A pesar de sus constantes señalamientos no han informado que su gobierno haya investigado a los elementos que tanto criticó, o que haya consignado a alguno por ilegalidades.

Tras el ataque a los agentes, donde murió el oficial Reyes Nahón y el encargado del negocio de comida, Héctor Cabrera aparecieron varias mantas acusando a los actuales jefes policiacos.

Varios funcionarios estatales han declarado públicamente que la agresión es consecuencia del trabajo policíaco.

Sin embargo tanto dentro como fuera de las corporaciones policíacas hay preocupación por lo que este crimen pueda significar en una ciudad donde diariamente circulan  millonarios cargamentos de diversas drogas para el contrabando a Estados Unidos.

Baja California y particularmente Tijuana es una zona en disputa por los cárteles de la droga.

Aquí operan peligrosas organizaciones delictivas como la de Sinaloa, la de los sucesores de los hermanos Arellano Félix y la de Jalisco Nueva Generación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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