DENUNCIAN CORRUPCIÓN DE AGENTES DEL INM

Foto: cejil.org

Y piden retirar a la Guardia Nacional de controles migratorios.

Por Vicente Calderón.

Tijuana, sábado 28 de septiembre de 2019.

 

La activista tijuanense Soraya Vázquez, directora de “Families Belong Together” México acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar las violaciones de derechos humanos de personas migrantes retornadas a México tras pedir asilo en Estados Unidos.

Vazquez participó en la audiencia realizada el viernes 27 de septiembre junto con representantes de diversas organizaciones de varios países

En su intervención acusó a funcionarios mexicanos de cobrar cientos de dólares para conseguirles una cita para el trámite de asilo en menos tiempo.

Además señaló que el gobierno mexicano se convirtió en cómplice de la administración de Donald Trump al incumplir con la protección que ofreció a los migrantes, en su mayoría centroamericanos que atraviesan México para llegar a la frontera estadounidense.

La participación de Soraya Vázquez empieza a partir del minuto 5 con 24 segundos, del video de la audiencia, producido por la CIDH.

Este es el comunicado de prensa emitido por  El centro por la justicia y el derecho internacional que promovió la denuncia.

 

Washington, D.C., 27 de septiembre de 2019.- El día de hoy, organizaciones de sociedad civil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones perpetradas, de manera sistemática y generalizada, por el Estado de México en contra de los derechos de personas migrantes, retornadas y solicitantes de asilo.

Durante la audiencia, las organizaciones denunciaron que el Estado mexicano ha adoptado una política migratoria militarizada, que entiende a la migración como un problema de seguridad nacional, equiparable al narcotráfico y al crimen organizado; prioriza medidas de contención, detención y deportación; y no garantiza condiciones mínimas de salud, trabajo o educación para las personas migrantes.

Rita Robles, en representación del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en Tapachula, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y la Red Jesuita con Migrantes México, algunas de las organizaciones peticionarias en la audiencia, aseguró que “en México la detención migratoria se aplica de manera generalizada y discrecional, sometiendo a las personas a condiciones precarias y de extrema vulnerabilidad. Los y las migrantes pueden estar desde 15 días hasta un año en estaciones migratorias hacinadas, sin una adecuada atención médica y con escasez de agua y alimentos”.

Como resultado, durante 2019 se ha registrado la muerte de al menos tres personas bajo custodia del Instituto Nacional de Migración (INM), entre ellas una niña guatemalteca de 10 años, según datos expuestos por las organizaciones.

Por su parte, Soraya Vázquez, defensora de derechos humanos con Families Belong Together en Tijuana denunció que “la colaboración y complicidad de México con Estados Unidos en mecanismos ilegales como el Protocolo de Protección Migrantes, mejor conocido como MPP, y las listas ilegales de espera para solicitar asilo en Estados Unidos obstaculizan el derecho humano al asilo en la frontera norte. Hoy en día permanecen 40 mil personas a lo largo de la frontera en espera de su turno y a esa cifra se suman 42 mil solicitantes de asilo en EEUU que han sido retornados a México bajo el MPP”.

Las organizaciones denunciaron también el despliegue de al menos 21 mil elementos de la Guardia Nacional entre frontera norte y sur para realizar tareas de control migratorio y de seguridad ciudadana, lo cual, indican, se da en abierta contravención a los estándares internacionales y resulta en casos de intimidación y persecución en contra de la población migrante, personas defensoras, organizaciones y albergues.

En este sentido, expusieron el recrudecimiento de la criminalización en contra de quienes defienden los derechos humanos de la población migrante. Al respecto, entre octubre de 2018 y agosto de 2019, han documento por lo menos 49 agresiones perpetradas por autoridades federales y estatales en contra de esta población. Entre estas registran: vigilancia, difamación, hostigamiento, amenazas, arrestos, deportación selectiva, agresiones físicas, juicios y otros.

Ante lo expuesto por las organizaciones, los y las comisionadas expresaron preocupación por las violaciones de derechos humanos que enfrenta la población migrante, en particular las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad como mujeres, niños y niñas. Al respecto, solicitaron poner fin a los centros de detención y recordaron al Estado de México que esta práctica no puede ser aplicada bajo ninguna circunstancia en contra de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, expresaron su interés, tanto desde la CIDH como desde la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, de realizar una visita in loco a la fronteras norte y sur del país para monitorear la situación de derechos humanos expuesta. De plantearse formalmente, el Estado de México deberá dar respuesta a esta solicitud.

Finalmente, las organizaciones realizaron una serie de peticiones ante la Comisión Interamericana. Entre otros, demandaron que el Estado de México retire a la Guardia Nacional de las funciones de control migratorio y seguridad pública; aplique los estándares internacionales relativos al interés superior de la niñez; y se abstenga de implementar medidas que violenten el principio de no devolución, entre ellas el actual Protocolo de Protección Migrante adoptado con Estados Unidos.

La audiencia, llamada Migración y asilo en México, se dio en el marco del 173° Periodo de Sesiones ante la CIDH y fue convocada por el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, el Albergue La 72 – Hogar Refugio para Personas Migrantes en Tenosique, Tabasco, la Red Zona Norte de Casas y Centros de Derechos Humanos para Migrantes, Red Jesuita con Migrantes México, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, Al Otro Lado, Families Belong Together y Alma Migrante.

    
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