LA PRENSA Y SUS PROBLEMAS

Por Vicente Calderón.

Tijuana, martes 26 de septiembre de 2017.

 

 

El director de Comunicación social del gobierno de Baja California declaró estar a favor de la regulación del gasto de publicidad oficial en los medios y de algún tipo de certificación para quienes ejercen el periodismo.

“Yo estoy muy sorprendido a mi regreso a Baja California de encontrar ese fenómeno de (  ) un “titipuchal” de dizque periodistas que lo único que se dedican a es a extorsionar” dijo el lunes por la tarde.

Recientemente  Raúl Reynoso, vocero oficial del gobernador Francisco Kiko Vega,  publicó una grabación de sonido sobre lo que dijo era una exigencia de más de un millón de pesos de parte de Norberto Norzagaray,  presentador de un popular programa televisivo,  denominado “Sopas” a cambio de dejar de criticar al mandatario.

Tras la divulgación de esa conversación, Norzagaray salió del aire junto con su programa que transmitía por el canal 66 de Mexicali pero niega los señalamientos de Reynoso Nuño, quien hasta hace poco trabajaba en un área similar en el estado de Puebla.

El incidente trae a la luz un añejo problema de la relación  prensa-gobierno en México; El uso de la publicidad oficial para favorecer a los medios cuando ayudan a la promoción de la imagen positiva de los funcionarios o presionarlos cuando tienen una postura crítica sobre el ejercicio gubernamental.

En los últimos años, este tema que rara vez aparece en la prensa tradicional, ha sido discutido principalmente por grupos y en foros especializados.

Un ejemplo es la organización defensora de la libertad de prensa “Artículo 19”. En julio pasado recordaron que el presidente de la república Enrique Peña Nieto, prometió regular el gasto gubernamental en los medios de comunicación que se presenta como esfuerzo por publicitar las acciones de determinada administración.

Sin embargo reclaman que no ha sucedido.

A nivel local, la pasada legislatura trabajó en una iniciativa que perseguía ese fin, pero a pesar de que invirtieron recursos y esfuerzos en la realización de foros con trabajadores de los medios de comunicación el proyecto quedó truncado.

Reynoso Nuño, el director de comunicación social retomó el asunto tras el caso “Sopas” y  plantea dos puntos del mismo fenómeno.

“El primero es una regulación de la distribución de la publicidad que da el gobierno en base a los “ratings”, impactos y tirajes que tienen los diversos medios.
Si se trata de redes sociales ver que número de personas les llega el mensaje o la actividad que tienen ciertos blogs de noticias. En el caso de los medios electrónicos -radio y televisión- ver como andan los raitings y en el caso de periódicos ver como andan sus tirajes.”

Dice que algunas agrupaciones de periodistas de Mexicali han mostrado interés pero nada concreto.

“Esa es una propuesta que yo hago, para utilizar más responsablemente el recurso de la publicidad”

Se le preguntó si hay otro caso similar al que protagonizó con Norzagaray.

“No, ninguno como este. Pero sí hay por ahí algunos medios que de pronto los tienes dentro de un status de inversión de publicidad, te piden el doble y al rato te están pegando. Pero no se trata como este caso. Fue un fenómeno, fue único.”

Luego, Reynoso habla de otra problema que se ha ido complicando con el advenimiento de la Internet y las redes sociales.

“Yo hice una respetuosa sugerencia al gremio periodístico ( ) con el fin de evitar que ingresen personas que no tiene una formación, ya no académica, sino por lo menos de experiencia de los años”

El funcionario estatal, que igual que el que esto escribe, es periodista empírico, se refiere a que es cada vez más común que cualquiera que tenga una cámara, un IPhone u otro teléfono o instrumento de grabación puede hacer labores reporteriles o documentar ciertos hechos.

Agrega que su propuesta busca un fin determinado.

“Evitar que se nos esté infiltrando gente que está utilizando el periodismo para extorsionar o para sacarle dinero a los políticos, a los empresarios o las autoridades y no el de informar”
Lo que Reynoso no dijo es que en muchas ocasiones son los mismos funcionarios u otros interesados en figurar públicamente los que “gratifican” o pagan a algunos de estos sujetos. ( incluidos algunos periodistas). Y luego cuando ya no sirven a los intereses de quienes les apoyaron son los primeros en denunciarlos.
El problema es muy complicado porque en el intento de encontrar una regulación cada vez más necesaria por el uso y abuso de los avances tecnológicos, debe respetarse el derecho de la ciudadanía en general, a documentar y grabar principalmente en la vía pública.
Pero solo no se va a resolver y por el contrario puede volverse más nocivo para distintos sectores de la sociedad.
Por eso no es mala idea aprovechar el momento y hasta la invitación, para evitar que cualquiera que sea el final del incidente “Sopas-Reynoso”, no se convierta en otra anécdota más de la insana relación gobierno-prensa en Baja California.
Porque el caso no es tan “único” como refiere Reynoso Nuño, (Aunque pocos dejaron al descubierto lo que muchos sospechan, como lo hizo este incidente.)
Sucedió cuando el gobierno de Kiko junto con los alcaldes de la entidad pagó un desplegado acusando a la empresa editora del periódico “Frontera” señalándola de que trataba de extorsionarlos.
O el señalamiento contra el antecesor de Raúl Reynoso, Jorge Cornejo y su jefe (actual secretario del goberndor, Roberto Karlo), a quienes los editores de Zeta acusaron de promover una campaña de ataques personales contra la co-directora del Semanario, Adela Navarro, usando recursos públicos.
Es tema.
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