EL “CONTRATO PLURIANUAL”

Columna invitada.

 

Por Gerardo Fragoso.

 

Ensorbecido, el (des)gobierno y sus aliados decidieron que ya era hora de dar otro golpe sobre la mesa.
Luego de ocho meses, consideraron que ya era necesario seguir adelante con la entrega de dinero público a los privados, en una relación donde las fronteras se han ido borrando y las manos de uno y otro lado parecen ser las mismas.
¿Nuevas manifestaciones? Si le van a regalar a los cachanillas un concierto “gratuito” de Ramón Ayala (pero que todos, con nuestros impuestos, pagaremos, claro está).
¿Mexicali Resiste? Si solamente son unas tienditas de campaña con dos o tres ‘rojillos’.
¿Dificultades para aprobar los nuevos “proyectos”? Si los incondicionales del Palacio de Gobierno ya rebasan las riberas del panismo en el Congreso.
Evidentemente, no leen los periódicos.
No saben (o no se creen) que el (des)gobierno tiene 22% de aprobación, que 49% ve la corrupción y el mal gobierno como el mayor problema de Baja California.
No se enteran (o no le dan importancia) al hecho de que su partido se resquebraja, y a que el de sus incondicionales no azules se está peleando con el jefe de ellos.
Y como no leen, no saben y no se enteran, el miércoles les arrojaron un balde de agua fría en la cara.
Ese día, los diputados incondicionales del Palacio de Gobierno buscaban votar otros dos negocitos… perdón, ya saben, el corrector. Quise decir otros dos “proyectos” donde se entregaría dinero público, de todos, a empresas.
Juraron y perjuraron que no eran más Asociaciones Público Privadas (APPs).
Dijeron, a propios y extraños, que tenían un fin “noble”.
Pero las mentiras en política, como el amor, la riqueza y el odio, amigas y amigos, no se pueden ocultar.
Resulta que el dictamen 94 de la comisión de Hacienda y Presupuesto lleva por meta reconvertir un proyecto de APPs en un “contrato plurianual” (considerando Segundo del dictamen), para “el diseño, construcción, instalación y mantenimiento para la implementación de un Sistema Integral de Infraestructura e Interconexión Tecnológica para la Seguridad Pública del Estado de Baja California”.
O sea, un C5.
¿En cuánto nos va a salir el C5 a los bajacalifornianos? En 800 millones de pesos, “nada más”, pagados en abonos “chiquitos” de 80 millones por año.
Los diputados incondicionales del (des)gobierno, como este mismo, refieren que, con el C5, automáticamente mejorará la seguridad en Baja California.
Que se lo digan a los regiomontanos, que pagaron un C5 de mil millones de pesos en 2009, para luego ver cadáveres, lo mismo sobre el asfalto que colgados en puentes, por doquier, unos meses más tarde.
La tecnología no suple la capacidad, la honestidad, ni los valores de los servidores públicos.
Esos mismos legisladores dicen que el dictamen 94 no era sobre otra APP.
¿Qué es una APP? Un esquema a través del cual el gobierno contrata a una empresa para que haga ‘x’ obra o brinde ‘y’ servicio, a cambio de un pago por varios años.
¿Qué es un “contrato plurianual”? Lo mismo.
Si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato…
Le podemos poner “contrato plurianual”, “convenio multianual” o el nombre que más nos guste, pero si el mecanismo y fin son los mismos, pues…
Es tan vieja y falsa la idea de que un C5 resuelve todo problema de seguridad, que hasta el doctor Miguel Antonio Osuna Millán, diputado panista, piensa eso.
En declaraciones a un medio, afirmó: “La seguridad pública requiere atención prioritaria en Baja California, la solución no está en el uso de la tecnología sino en la voluntad política de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal”.
“La documentación técnica es insuficiente, por lo tanto es inviable dicho contrato”, sentenció.
Supongo que, en silencio, Carlos Alberto Torres Torres piensa lo mismo. ¿O no?
Si el PAN se queda con 11 diputados, por lo que pasa aquí y lo que pasa en Tenochtitlán, sus aliados locales del “Frente” sienten frío.
Imagínense, tener que avalar todas las locuras del (des)gobierno, que necesitará de que le completen la mayoría.
Y entre más veces se la completen, más agotar su capital político.
Y luego, pagar las consecuencias: Ratoneras afuera de las casas, correteadas en el Costco…
Peor aún sus incondicionales que no son del “Frente”, quienes, además, tendrían que sortear la instrucción de su jefe de pelearse con los aliados del hombre con el que se andan peleando allá.
Y el dictamen 95 está peor.
El objetivo del dictamen es que las comisiones del agua contraten créditos para solventar cualquier atraso o impago a tres proyectos de Asociaciones Público Privadas relacionados con el vital líquido, incluyendo, claro está, la planta desalinizadora de Rosarito, con la cual se le venderá agua a Estados Unidos, mientras nosotros, los mexicanos, pagamos.
Si las comisiones, o el gobierno estatal no le pueden pagar a las empresas con las que se suscribieron las APPs, pues estas pueden cobrarse de los créditos.
¿De qué monto son los créditos que desea el gobierno estatal? 566 millones 896 mil 859.54 pesos.
¿Y con qué dinero se van a pagar esos créditos? Con “los recursos provenientes de la recaudación (…) por suministro de agua potable a los usuarios domésticos (público en general), comercial (sic), gobierno e industrial, aplicando esquemas de mecanismos de gestión eficientes en la operación, medición, facturación y cobranza”.
O sea, subiendo las tarifas y ‘apretando’ con reductores a quienes se atrasen.
Todos los bajacalifornianos nos endeudaremos para que la empresa de las Islas Caimán que hará la desalinizadora, gane 55.5 millones de dólares por año.
Y el (des)gobierno rodeará de ‘pepos’ el Congreso, hará lo que tenga que hacer para que le salgan sus enjuagues, porque es mucho el dinero en juego.
Comentarios: gerfragoso@gmail.com
Twitter: @gerardofragosom
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