EXPEDIENTE CONFIDENCIAL

VOLCADURA DE CAMION DE PASAJEROS(1)

Comentario Editorial.

 

Por Gerardo Fragoso.

Tijuana, miércoles 17 de agosto de 2016.

 

 

Amargo sabor

Por todas las calles de Baja California aparecen las uvas, dibujadas en las placas estatales que portan los automóviles, como recordatorio del fruto que es símbolo de la entidad; sin embargo, día a día están desapareciendo de las tierras que otrora iluminaron con sus resplandores verdes y morados.

Hay datos que son reveladores en dicho tema. Por ejemplo, la producción de uva en 2013 alcanzó solamente el 34.08% de la obtenida en 1982, de acuerdo con el Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera de la secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

En 1982, se cosecharon 71 mil 112 toneladas de uva; para 2013 la cifra apenas llegó a 24 mil 234.

Una cifra más: En 2013, la uva apenas ocupó el 44.46% de las tierras que tenía en 1984.

 

En 1984, hubo 8 mil 559 hectáreas sembradas con uva. En 2013, solamente 3 mil 805.

 

En síntesis, la uva pasa un momento complicado, donde lucha por retomar el sendero que tuvo, particularmente, en los años ochentas, y con un poco menos de intensidad en los noventas.

 

A todo esto, increíblemente, hace caso omiso el delegado de la secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Baja California, Guillermo Aurelio Aldrete Haas.

 

Pese a que no pocos vitivinicultores asentados en Valle de Guadalupe han llamado a su puerta, Aldrete los ha ignorado.

 

Y es que Aldrete, político con dilatada carrera en la cual se ha acostumbrado a ser un mamífero trapecista, esto es, a ir de cargo en cargo, libando de la ubre presupuestal.

 

En su actual puesto, Aldrete se lleva un salario de un millón 030 mil 656 pesos, simple y sencillamente por estar apoltronado en su silla.

 

Como parte de sus prestaciones, Aldrete tiene un seguro de vida por un monto de 3 millones 435 mil 520 pesos; y otro, de gastos médicos, que alcanza 486 mil 446.40 pesos.

 

Mientras las uvas van desapareciendo de los campos bajacalifornianos, Aldrete no solamente disfruta esas privilegiadas condiciones de trabajo, sino que, además, ve cómo se ha beneficiado a su hijo.

 

Y es que el gobierno federal ha otorgado seis permisos a Guillermo Asis Aldrete Gruel.

 

Cuatro los ha concedido la dirección general de Autotransporte Federal, y tienen vigencia indefinida.

 

Uno es para carga de materiales peligrosos y sus residuos; otro para carga en general; uno más para transfer de carga general; y el último para transfer de materiales peligrosos y sus residuos.

 

Otro par lo ha otorgado el Centro SCT Baja California.

 

Ambos son para operar y explotar el servicio de carga.

 

Finalmente, Aldrete Gruel posee una licencia, emitida por el Centro SCT Jalisco, para conducir unidades del Servicio Público Federal.

 

Tal vez sea camionero en sus ratos libres.

 

Total, que los Aldrete han obtenido más del gobierno federal, respecto a lo que Guillermo Aurelio ha entregado con su “trabajo”.

 

Otro que tampoco agarra la onda del nivel que tiene esta crisis de la uva, y del apoyo que necesita toda la industria que emana de esta –vitivinicultores, cavas, etc.- es Fernando Felipe Sánchez Galicia, jefe de distrito para el Desarrollo Rural en la región ensenadense.

 

Sánchez tampoco responde a los llamados que le hacen desde Valle de Guadalupe, pese a ganar un ‘sueldito’ de 303 mil 048 pesos anuales, tener un seguro de vida por un millón 010 mil 160 pesos y otro de gastos médicos hasta por 324 mil 297.60 pesos.

 

Los salarios y prestaciones de los cuales gozan Aldrete y Sánchez los pagamos todos y, por ende y entre otros, esos mismos vitivinicultores a los cuales ignoran.

 

¿Por qué los sostiene en sus cargos el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa? ¿Hasta cuándo los tendrá ahí?

 

700 MIL POR UNA VIDA: ¿Por qué razón, desde todos los órdenes de gobierno, se le intenta lavar la cara a la empresa Autotransportes Guasave?

 

Es la pregunta que viene a la mente al ver como el subprocurador de Justicia en Tijuana, Jorge Alberto Álvarez Mendoza, salió a declarar, con bombo y platillo, que Qualitas, la aseguradora contratada por dicha compañía, le dará 700 mil pesos a los familiares de cada fallecido en el camionazo ocurrido en Otay, el pasado 7 de agosto.

 

Lo que aquí está en juego no son pesos, sino vidas, incluyendo la suya o la mía, que no tienen precio.

 

Si la SCT permite que sigan circulando en las carreteras esos ataúdes rodantes que son los camiones de Autotransportes Guasave, más tarde o más temprano habrá otro accidente grave y otros muertos, que perderán su existencia por culpa del gobierno federal.

 

Comentarios: gerfragoso@gmail.com

 

Twitter: @gerardofragosom

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