RECHAZAN ELECCIONES EN GUERRERO

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Ante la respuesta del gobierno por la matanza de Ayotzinapa.

Por Vicente Calderón

San Diego, California  viernes 16 de enero de 2015.

 

Organizaciones sociales de Guerrero rechazan las elecciones programadas para el 7 de junio en la entidad donde desaparecieron los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa.

«No habrá elecciones. No queremos que siga gobernando gente que no ha hecho nada» dijo Abel Barrera Hernández, del Centro de derechos humanos Tachinollan de la Montaña, al referir que muchos padres consideran inadecuado participar en los comicios cuando se vive lo que llamó una «Democracia con Sangre».

«Es una democracia con muertos, una democracia con enterrados» dijo durante su participación vía Skype en la conferencia «Ciudadanía, seguridad y derechos humanos en México y Centroamérica» que inició el jueves y concluyó la tarde de este viernes.

«La gente se pregunta: Porqué grupo del narcotráfico hay que votar» dijo.

«No puede seguirse votando por narcopolíticos» agregó el activista que ha seguido las violaciones de derechos humanos desde hace años en esa entidad, una de las más pobres de la república mexicana.

En la misma sesión realizada el jueves por la tarde, participaron académicos de diversas instituciones tanto de México como de Estados Unidos. Fue organizada por el «U.S. – Mexico Center» (Centro Estados Unidos- México) de la Universidad de California en San Diego, en California.

También participó la Dra. María Teresa Sierra del Centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social resaltando el papel que han jugado en Guerrero las policía comunitarias y ciudadanas que existen desde mucho antes de que las llamadas autodefensas aparecieran como un actor en los problemas de inseguridad en México.

«Estos actores han construido estado, han construido orden» dijo la Antropóloga al referirse a las policías comunitarias guerrerenses que según dijo, en algunas zonas han logrado una disminución importante de la inseguridad.

Añadió que hay un riesgo en el hecho de que el sector oficial no tome en cuenta la aportación de estos grupo que incluso están reconocidos por las leyes locales, pero que han sufrido el embate de los grupos del crimen organizado en esa región y de intereses transnacionales como los que representan las empresas mineras que funcionan en la entidad.

Agregó que los esfuerzos por devolver la tranquilidad a Guerrero que no están tomando los aportes a la legalidad de estos grupos emanados de las propias comunidades, están «Condenados a fracasar».

Junto con otros académicos también estuvo como ponente la periodista Marcela Turati quien habló de que la de Ayotzinapa es una más de las masacres sucedidas en México através de su historia e hizo un recuento de un rosario de crímenes múltiples que van desde la matanza de estudiantes en la colonia «Salvacar» en Ciudad Juárez, los 72 migrantes enterrados en Tamaulipas o los jóvenes turistas que desaparecieron cuando llegaron de vacaciones a Acapulco hace unos años, entre otras.

«Normalizamos lo de las fosas» comentó la reportera de la revista Proceso que ha orientado gran parte de su trabajo a documentar la experiencia de las victimas de la violencia asociada al narcotráfico que afecta a México.

«Ya no eran noticia» comentó.

Recordó que fue precisamente en Guerrero donde más desapariciones hubo en el periodo conocido como «La Guerra sucia» entre los 60´s y 70´s.

Ella, igual que Barrera Hernández recordaron que la gran sospecha para muchos es la participación del ejército en la masacre.

Gema Santamaría, otra académica que realiza una estancia como investigadora en el Centro México-Estados Unidos dijo que la intención de esta conferencia es analizar el papel de la ciudadanía y de como han enfrentado la violencia que se ha desatado en México y en Centroamérica y que ha provocado la aparición de diversas respuestas que van desde los linchamientos como forma de hacerse justicia por su propia mano en algunas comunidades o la emigración como producto de la violencia y criminalidad que se vive en países como Honduras.

En el análisis se revisa también el papel del estado ante la inseguridad

«Que amplíen sus políticas de seguridad pero sin violar los derechos humanos» apuntó.

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