MANDO ÚNICO POLICIAL, PELIGROSA E INÚTIL INICIATIVA

Por Raúl Ramírez Bahena

Mexicali,B.C. marzo de 2010

Con la aprobación de todos sus integrantes, en la reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se acordó presentar al Congreso la propuesta para desaparecer las policías municipales y crear policías únicas en cada Estado.

Una propuesta así desnaturaliza al Federalismo mexicano, cuya estructura principal para combatir el centralismo es el Municipio Libre. Dice la exposición de motivos de la reforma al Artículo 115 Constitucional de 1999: “La índole social y natural del municipio como unidad política, administrativa y territorial, de nuestra vida nacional (…)”. Y sigue: “(…) devolviéndole al municipio la función principal del gobierno directo de la comunidad básica, en virtud de que éste es una comunidad social que posee territorio y capacidad política, jurídica y administrativa (…)” (resaltados nuestros).

Las fracciones II y III del Artículo 115 otorgan a los municipios personalidad jurídica propia, facultades para manejar su patrimonio, expedir los bandos de policía, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas, y para tener bajo su cargo las funciones y servicios públicos en los términos del Artículo 21 Constitucional. Los “servicios públicos” incluyen a la Seguridad Pública, que es además un Derecho Humano.

El primer contacto del Estado con los ciudadanos es el Ayuntamiento, y el primer contacto del Ayuntamiento con las comunidades es la policía municipal, cuyos integrantes surgen de la misma. Son los Ayuntamientos los que mejor pueden establecer la comunicación comunitaria y proyectar las acciones sociales, de infraestructura, de producción y de servicios requeridas para la reconstrucción del tejido social.

Por ello, la propuesta de la Conago atenta contra el Municipio Libre; es regresiva, pragmática y reactiva; responde a una visión punitiva más que de desarrollo económico, social y comunitario. Reproduce las decisiones erróneas del régimen en el combate al crimen. No va al fondo del conflicto generado por el modelo neoliberal, que es el retiro gradual del Estado de sus responsabilidades para satisfacer los derechos económicos y sociales, dejando esas funciones a un mercado lucrativo y voraz. Al privatizarse estos derechos, los espacios públicos abandonados por el Estado son invadidos por la delincuencia al encontrar en las comunidades en descomposición y en los jóvenes sin futuro, el caldo de cultivo ideal.

El narco ha penetrado las comunidades rurales y urbanas porque ofrece trabajo e ingreso, por supuesto ilegales, que el Estado es incapaz de generar. Paralelamente, irrumpe haciéndose de una base social, rompe la unidad e identidad comunitaria y familiar, promueve la cultura de la violencia, abona a la pérdida de los valores y principios democráticos y trastoca la identidad cultural. Pero la delincuencia organizada no actúa sola, ha penetrado también la estructura del poder político y económico, promoviendo la corrupción, la complicidad y la simulación, que no se combaten con policías estatales.

La centralización no es un antídoto contra la corrupción policial, que además no es la más letal aunque sí la más visible. El pasar de un régimen policiaco municipal a uno estatal no cambia esencialmente las cosas, porque la corrupción y la impunidad son más graves en los altos niveles de gobierno y en los grandes negocios, aún a costa del erario público. ¿Por qué la Conago no plantea, por ejemplo, la autonomía del Ministerio Público para combatir esto? Esa sí sería una iniciativa progresista.

El Estado no construye ciudadanía democrática y participativa; no da voz ni escucha al ciudadano y sus demandas, y el voto es alienado. Impone sus políticas punitivas y de fuerza, una gradual y peligrosa militarización de la vida civil y avanza en la suspensión de las garantías con apoyo popular, basado en la desinformación y en una política mediática del miedo como mecanismo de control y aval social.

El Estado promueve el estigma de que los policías son corruptos y responsables de todos los males, por lo que hay que “limpiar” a las corporaciones, correrlos por simples sospechas (Art. 123 Constitucional, Apartado “B”, Fracc. XIII), aunque después resulten inocentes. Ello justifica centralizar el mando, y si es militar, mejor.

Llama la atención que la Conago, importante espacio para la construcción de políticas públicas, no le enmiende la plana al presidente, no sea capaz de hacer contrapesos y un análisis serio y científico sobre las causas que originan la inseguridad y el crimen. ¿Cómo es posible que no reaccione a las bravuconadas de Calderón respecto a lo señalado como “ridícula minoría”, causante de más de 18 mil ejecutados en su sexenio?

La Conago podría promover el empleo remunerado en cada entidad, reorientar y reactivar las economías locales y el mercado interno, masificar el deporte, las artes y la cultura; promover la escuela de tiempo completo, el hábito de la lectura, la tolerancia y la paz. En su lugar, los gobernadores proponen una iniciativa más como la que ha demostrado su fracaso. Es música para los oídos de Calderón, por las últimas crisis generadas y por el regaño de sus jefes, que vinieron a controlar la situación.

Entonces, ¿qué motivación hay en los gobernadores?: Hacerse de más poder mediante una fuerza policial bajo su mando, que amplíe su control económico, político, social y electoral, aunque para ello se tenga que reformar otra vez la Carta Magna.

Hay policías estatales que son grupos de choque y de impunidad al servicio de los gobernadores en turno, que entorpecen a las policías municipales. Estas, a su vez, son mal seleccionadas, mal capacitadas, mal supervisadas y mal pagadas; fácilmente se corrompen y con frecuencia violan los derechos humanos; a su vez, sus derechos son constantemente violados y trabajan bajo mucha presión. Esto hace que se rompa la confianza, la confiabilidad y el respeto mutuo entre el policía, la sociedad y el gobierno. ¿En estas condiciones quieren pasarlos al ámbito estatal, sin resolver antes esos graves rezagos? ¿Desnaturalizar su función y desarraigarlos de sus comunidades, más de lo que ya están? Si todo esto se resolviera, entonces ¿para qué enviarlos al fuero estatal?

Lo más riesgoso de la medida que promueve la Conago, panistas, priístas, perredistas, todos por igual, recibida con beneplácito por el presidente del Senado, el “izquierdista” Carlos Navarrete y por el líder de la “oposición”, Manlio Fabio Beltrones (quienes hacen el juego a sus propios intereses), es que allanan el camino para las aspiraciones del policía mayor, Genaro García Luna, quien ha planteado ante los diputados la necesidad de crear un nuevo Frankenstein, una superpolicía nacional bajo un solo mando: El suyo.

Raúl Ramírez es exprocurador de derechos humanos de Baja California. Actualmente preside la comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.

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