TRIBUNAL DEJA GUBERNATURA EN 2 AÑOS

Se anticipa la intervención de la Suprema Corte de justicia de la nación

Por Vicente Calderón.

Tijuana, jueves 19 de septiembre de 2019.

Por ahora, el periodo de gobierno de Jaime Bonilla que iniciará el primero de noviembre será de 2 años.

Sin embargo la batalla legal sobre la ampliación del plazo a 5 años continúa.

Este jueves el el Tribunal electoral de Baja California determinó mantener el periodo que terminaría el 2021.

Sin embargo tanto el equipo de Bonilla Valdez el gobernador electo como el partido MORENA de Baja California pretenden sostener la decisión aprobada por la legislatura pasada de extender la gestión del controversial empresario.

Distintas organizaciones y partidos de oposición se han inconformado con la decisión del Congreso previo y buscan las vías legales para que se mantenga lo que determinó la autoridad electoral de Baja California que otorgó la constancia de gobernador de 2019 a 2021.

Este es el comunicado de prensa emitido este jueves por el tribunal estatal.

BOLETÍN DE PRENSA
Nº 29-19
Mexicali, Baja California, 19 de septiembre de 2019.

Resuelve el Tribunal, recurso de revisión promovido por Jaime Bonilla
Valdez, otrora candidato a la gubernatura del Estado, contra el
Dictamen emitido por el I.E.E.B.C. relativo al Cómputo Estatal de la
Elección a la Gubernatura del Estado, Declaración de Validez de la
Elección, y Constancia de Mayoría respectiva.

Con el voto unánime del Pleno, el Tribunal resolvió desechar el Recurso de Revisión RR146/2019 a través del cual, el otrora candidato a la gubernatura del Estado, Jaime Bonilla
Valdez, controvirtió el Dictamen emitido por el Instituto Estatal Electoral de Baja California
relativo al Cómputo Estatal de la Elección a la Gubernatura del Estado, Declaración de
Validez de la Elección, y Constancia de Mayoría respectiva.

El proyecto puesto a consideración del Pleno por la Magistrada Ponente, Elva Regina

Jiménez Castillo, expuso que el pasado 6 de septiembre, el propio recurrente presentó
escrito de desistimiento, el cual fue ratificado en su oportunidad como consta en el acta de
fecha 12 del mes y año en curso.

En ese sentido, se enfatizó la manifestación del accionante respecto a su inequívoca
intención, voluntad y convencimiento de desistirse del recurso, precisando que la figura del
desistimiento, se entiende como la declaración de voluntad del promovente, de abandonar
el recurso intentado, por lo que su consecuencia directa es dejar firme la decisión recurrida
al no ser jurídicamente posible analizar los agravios formulados en su contra, ello pues el
desistimiento debidamente ratificado conlleva a considerar el acto como no impugnado.

En ese orden de ideas, el proyecto se abocó en hacer efectiva dicha figura, precisando que
si bien el numeral 300, fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California, refiere
que en el caso desistimiento expreso y por escrito del medio de impugnación, procederá el
sobreseimiento del juicio, lo cierto es que en el asunto, no obraba acuerdo de admisión, por
lo que lo conducente, fue desechar el recurso de revisión, quedando firme el acto
impugnado que consistió en el Dictamen del Consejo General del Instituto Estatal Electoral,
relativo al cómputo de la elección a la gubernatura del Estado y la Constancia de Mayoría
que acredita a Jaime Bonilla Valdez como Gobernador del Estado por el periodo 2019-2021.

* Las resoluciones pueden ser consultadas en el portal institucional del Tribunal de Justicia
Electoral del Estado de Baja California: http://www.tje-bc.gob.mx

Click to access 1568949764_29-19.pdf

Previamente, el Tribunal electoral del poder judicial de la federación se pronunció respecto a otra impugnación presentada contra la consulta ciudadana anunciada por el Congreso de Baja California sobre si la gubernatura debe ser de 2 o de 5 años.

Este es el texto íntegro del boletín emitido por el tribunal federal.

 12/septiembre/2019 /  Sala Superior 150/2019

Ciudad de México

Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) remitió al Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California las demandas interpuestas por la Coparmex y otros actores, contra la Consulta Ciudadana aprobada por el Congreso local, que busca “conocer el sentir” de la ciudadanía sobre la ampliación del mandato de dos a cinco años.

Los dirigentes de la Coparmex de Baja California, Armando León Ptacnik, y de Mexicali, Ernesto Elorduy Blackaller, además del partido Movimiento Ciudadano, solicitaron a la Sala Superior resolver los medios de impugnación “per saltum” y omitir la obligación de acudir previamente al Tribunal Electoral local, pues desde su punto de vista ese órgano “no garantiza una tutela efectiva de sus derechos político-electorales”, ya que el 24 de febrero y el 7 de mayo pasados, se pronunció a favor de ampliar el mandato de la gubernatura.

Las magistradas y los magistrados determinaron que no procede la figura “per saltum”, y se deben agotar todas las instancias previas, con las gestiones que las leyes establecen.

La Sala Superior consideró además que el acto impugnado es distinto a los ya resueltos, pues proviene del Congreso local, además de que agotar el recurso en este momento no genera un perjuicio irreparable a los demandantes y hay tiempo suficiente para seguir la cadena de impugnaciones. De igual forma, las magistradas y los magistrados no perciben parcialidad del tribunal local.

El 21 de agosto pasado, el Congreso local de Baja California aprobó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política para conformar una comisión especial que tenga por objeto realizar una consulta ciudadana para “conocer el sentir” de las y los bajacalifornianos, respecto a la ampliación de mandato de 2 a 5 años.

El 27 y 28 de agosto Armando León Ptacnik, Ernesto Elorduy Blackaller y el partido Movimiento Ciudadano interpusieron ante el Tribunal local de Baja California, las demandas de juicio ciudadano para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y juicio de revisión constitucional electoral, a fin de impugnar el acuerdo y señalar como autoridad responsable al Congreso del estado. (Asuntos: SUP-JDC-1204/2019, SUP-JDC-1209/2019 y SUP-JRC-36/2019)